EN PERÚ, JUEZ SUPERNUMERARIO, ES DECIR, ABOGADO QUE LO LLAMÁN DE AFUERA PARA CUBRIR VACANCIA, HASTA DE JUECES SUPLENTES O PROVISIONALES, LE SACAN TARJETA ROJA DESDE LOS EEUU
El juez peruano Juan Carlos Núñez Matos volvió a quedar bajo los reflectores luego de que Estados Unidos incluyera su nombre entre los funcionarios latinoamericanos a los que se les revocó la visa o se les impusieron restricciones de ingreso.
𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊́𝙉: «𝙁𝙪𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙤𝙨»
La medida fue anunciada por el Departamento de Estado de EE.UU. como parte de una política contra funcionarios extranjeros a los que Washington vincula con hechos de corrupción, narcotráfico o acciones que, según su posición, afectan la gobernabilidad democrática.
LA NOTA
Núñez Matos es juez supernumerario y ha estado a cargo del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. Desde ese despacho tomó decisiones que involucraron investigaciones fiscales de alto perfil, entre ellas las relacionadas con José Luna Gálvez y Miguel Arévalo Ramírez, conocido como ‘Eteco’.
¿Quién es Juan Carlos Núñez Matos?
Juan Carlos Núñez Matos es un magistrado que ha ejercido funciones en distintos órganos jurisdiccionales de Lima. En octubre de 2023 fue designado como juez supernumerario del Trigésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima. Posteriormente, asumió funciones en el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.
Desde este último despacho, su nombre adquirió mayor notoriedad por resoluciones relacionadas con investigaciones fiscales y procesos que involucraban a personajes investigados por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
Una de sus decisiones más conocidas ocurrió en marzo de 2024, cuando concedió una medida cautelar a favor de Miguel Arévalo Ramírez, conocido como ‘Eteco’.
El caso ‘Eteco’: una de sus decisiones más cuestionadas
En marzo de 2024, Núñez Matos concedió una medida cautelar a favor de Miguel Arévalo Ramírez, empresario que había sido investigado en el pasado por tráfico ilícito de drogas.
La resolución tuvo como efecto la suspensión de determinadas diligencias fiscales relacionadas con la investigación por lavado de activos. Entre las actuaciones afectadas estuvieron citaciones y otras diligencias que el Ministerio Público buscaba realizar.
El caso generó atención debido a que la decisión judicial incidía directamente sobre una investigación fiscal en curso. Perú21 informó entonces que se trataba de un nuevo recurso judicial que limitaba la acción del Ministerio Público.
