Lo justifican argumentando que los niños tienen «derecho a desarrollar relaciones sexuales».
Redacción derechadiario.com.ar
Los países occidentales están promoviendo la despenalización de ciertos tipos de pornografía infantil en un nuevo tratado sobre delitos cibernéticos. Esto incluye el material pornográfico compartido por menores a través de sexting, así como aquel que muestra a menores ficticios o generados por inteligencia artificial.
Durante las negociaciones de la primera semana de agosto, los países occidentales argumentaron que los menores que, de manera consensuada, comparten imágenes sexualizadas de sí mismos con otros menores o adultos no deberían ser penalizados, ya que tienen el «derecho a desarrollar relaciones sexuales«.
El tratado, que ha sido negociado durante más de un año, parece centrarse en la lucha contra el delito cibernético, incluyendo la penalización de la producción, distribución y posesión de material de «abuso sexual infantil» en línea. Sin embargo, en vez de combatirlo, Estados Unidos y la Unión Europea buscan «excepciones» para ciertas formas de pornografía infantil.
Estas excepciones incluirían casos en los que el material de abuso sexual no muestra a «un niño real» y cuando el material es generado de forma autónoma o creado dentro de una «relación consensuada» y se mantiene para «uso privado«. Los países occidentales sostienen que en tales situaciones, el procesamiento penal «debería ser opcional«.
Hasta ahora, estas formas de pornografía infantil estaban prohibidas en todas partes bajo un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, promovido por el mismo Estados Unidos. Las excepciones respaldadas por los países occidentales reemplazarían la prohibición universal por una que variaría según el país.
Un delegado de Austria que parecería ser un defensor de la pedofilia, justificó abiertamente la postura occidental. “Los niños mayores de 14 años tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales. A esta edad, los menores pueden elegir tener relaciones con alguien de 19 años, es decir, un adulto”, dijo, refiriéndose a las leyes nacionales de Austria.
Añadió que “los menores pueden crear imágenes durante una relación sexual y compartirlas entre ellos. Estamos convencidos de que las imágenes generadas como parte de una relación legal y voluntaria no deberían ser criminalizadas”. Alemania aseguró que dichas excepciones “reflejan el mínimo al que podemos adherirnos”.
Pornografía infantil: qué países se oponen a la medida
Un delegado de Siria presentó una declaración en nombre de 22 países que se oponen a las excepciones, afirmando que tales excepciones “socavarían el propósito mismo de la convención”, que es proteger a los menores.
Argumentaron que los Estados mantienen la facultad de desarrollar “medidas correctivas o de rehabilitación” para proteger a los menores y que no es necesario revisar el marco jurídico internacional contra la pornografía infantil para ser indulgente con los adolescentes que participan en sexting.
El delegado presentó la declaración en nombre de Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Egipto, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Libia, Malí, Mauricio, Marruecos, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
China coincidió en que la convención debería mantener los estándares actuales para el procesamiento de la pornografía infantil bajo el protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ruanda manifestó que el texto actual crea “inmunidad e impunidad” para los abusadores sexuales. Un delegado del Congo comparó la despenalización total del sexting con permitir que los menores jueguen con cables eléctricos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos defendió las excepciones pedófilas argumentando qué, sin ellas, se correría el riesgo de criminalizar “expresiones legítimas de arte y literatura que representan individuos ficticios”. Human Rights Watch, una organización financiada por gobiernos occidentales, también argumentó que las excepciones son necesarias para proteger obras de “valor artístico” y «salvaguardar los derechos de los menores«.
