La administración Biden ha pedido que la «salud sexual y reproductiva», un eufemismo para incluir el aborto, forme parte de los servicios sanitarios esenciales en el marco del tratado contra la pandemia.
Redacción Infocatólica – infocatolica.com
Además, los organismos internacionales que tendrán funciones en la aplicación del tratado, entre ellos la Organización Mundial de la Salud y el Secretario General de la ONU, ya declararon que el aborto es un servicio sanitario esencial durante la pandemia de COVID-19.
La OMS incluye explícitamente el aborto como un componente fundamental del derecho a la salud en innumerables documentos, incluida su Guía de Atención al Aborto 2022, y cabe prever que incluya el aborto como un servicio sanitario esencial como parte de la aplicación del tratado.
El tratado prevé «el más alto nivel posible de salud para todos los pueblos, sobre la base de la equidad, los derechos humanos y la solidaridad», incorporando la interpretación coherente de la OMS de que el aborto es un derecho humano y debe estar protegido por la ley. Las directrices de la OMS sobre el aborto incluso instan a los Estados miembros a eliminar la protección de la objeción de conciencia del personal sanitario que se oponga a practicar abortos o a derivar a mujeres para que aborten.
Secreto en torno a las negociaciones del Tratado
Durante las negociaciones del borrador, el embajador Hamamoto, nombrado por Biden, pidió que se integrara en el texto «el acceso a los servicios sanitarios esenciales durante las pandemias, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva». Hamamoto apoyó la petición de China de mantener en secreto las negociaciones sobre la pandemia: las futuras negociaciones y borradores no deberían estar a disposición del público debido a los elementos potencialmente controvertidos:
«Creo que en esta fase me preocupa compartir el borrador con todas las partes interesadas, dado el punto del proceso en el que nos encontramos».
Además, la falta de transparencia por parte de los altos funcionarios de salud estadounidenses e internacionales a lo largo de la pandemia por Covid-19 es motivo de alarma. Seguir excluyendo al público de las negociaciones sobre la futura preparación ante una pandemia pone aún más en riesgo a las sociedades y refuerza el poder burocrático.
Una compleja red de intereses públicos y privados y tensiones geopolíticas convergieron durante la pandemia de Covid-19 para crear una sospecha justificable de extralimitación en la promoción de políticas de respuesta a la pandemia sin precedentes, incluyendo cierres patronales, mandatos de vacunación, restricciones de viaje y restricciones a las libertades civiles: libertad de expresión, asociación y libertad religiosa. Tales mecanismos no deberían consagrarse en un tratado internacional vinculante.
La ineficacia de la cláusula de soberanía
El borrador del tratado afirma ostensiblemente la soberanía de cada Estado miembro:
«Los Estados tienen, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el derecho soberano de determinar y gestionar su enfoque de la salud pública, en particular la prevención de pandemias, la preparación, la respuesta y la recuperación de los sistemas de salud».
Sin embargo, inmediatamente después, el borrador contiene una advertencia que garantiza que «la jurisdicción o el control nacionales de los Estados miembros no causen daños a sus poblaciones y a otros países». «Daño» a las poblaciones sigue sin especificarse, y puede interpretarse de varias maneras, incluyendo acciones consideradas «discriminatorias», como prohibiciones de abortos, cirugías para transexuales y otras políticas a menudo reivindicadas como «servicios sanitarios esenciales.»
Las directrices de la OMS sobre «aborto seguro» también afirman que «la denegación o el retraso de la atención segura del aborto y/o de la atención postaborto» es violencia. En última instancia, los países están a las órdenes de la OMS y sus normas de «jurisdicción o control» nacional.
En el artículo 14, la OMS afirma que «la protección de los derechos humanos» es una parte esencial de la «preparación ante una pandemia». La retórica de prevención de pandemias de la OMS se convierte en otro vehículo para poner en práctica sus prioridades en materia de derechos humanos. Dado que la «preparación ante una pandemia» es un proceso continuo, la OMS tratará de inculcar a todos los Estados miembros sus principios bajo la apariencia de derechos. En el tratado, se exige a los Estados miembros que «incorporen medidas no discriminatorias para proteger los derechos humanos como parte de su prevención, preparación, respuesta y recuperación ante una pandemia, haciendo especial hincapié en los derechos de las personas en situaciones vulnerables».
El tratado sobre pandemias obliga a los Estados miembros a abordar -y, si es necesario, reestructurar- los sistemas de acuerdo con las normas de la OMS para sus ideales de «Una sola salud» y «atención sanitaria universal»:
«Los Estados son responsables de fortalecer y mantener la capacidad de sus sistemas de salud y las funciones de salud pública para proporcionar medidas sanitarias y sociales adecuadas mediante la adopción y aplicación de medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otro tipo para la prevención, preparación, respuesta y recuperación justas, equitativas, eficaces y oportunas de los sistemas de salud ante una pandemia. Todas las Partes cooperarán con otros Estados y organizaciones internacionales pertinentes».
Dado que la OMS hace hincapié en el enfoque «Una sola salud» y en la inclusión de todos los sectores sociales en la preparación ante una pandemia, por ejemplo, los aspectos económicos y sociales de la salud, es probable que el aborto y los derechos del colectivo LGBT se consideren derechos necesarios para la preparación ante una pandemia. En caso de que Estados Unidos, y cualquier otro país, acepte el tratado, se le exigirá que coopere con los objetivos de la OMS en materia de derechos humanos y salud universal, que contienen graves amenazas para la vida y la familia.
El Tratado crea procesos más allá de los tiempos de pandemia
Según el borrador del tratado, los Estados miembros estarán sujetos a «vigilancia de la preparación, ejercicios de simulación y revisión universal por pares» y proporcionarán «la financiación necesaria para que los países en desarrollo» apliquen objetivos, indicadores y sistemas de revisión nacionales y mundiales.
Este mecanismo funciona de forma similar al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos para revisar el historial de derechos humanos de los Estados miembros y ofrecer sugerencias y críticas políticas. El EPU produce muchas recomendaciones políticas progresistas radicales de una pequeña concentración de países occidentales desarrollados -incluido Estados Unidos- a Estados miembros de la ONU conservadores y en vías de desarrollo.
Las recomendaciones incluyen presiones crecientes para liberalizar las leyes sobre el aborto y establecer una política favorable a la ideología de género. Es probable que la revisión paritaria universal de la preparación ante una pandemia arroje resultados similares a los del EPU. Si Estados Unidos estuviera bajo una administración con funcionarios nacionales e internacionales conservadores, se convertiría en el blanco de las reacciones en contra de los Estados miembros progresistas.
Además de la revisión inter pares de Estado a Estado, la ratificación del tratado establece un órgano de supervisión del tratado con requisitos de presentación de informes, así como mecanismos para que el órgano de supervisión formule recomendaciones. Dado que el tratado abarca también los determinantes sociales de la salud, el órgano de vigilancia tendría capacidad para hacer recomendaciones sobre una plétora de cuestiones sociales y económicas.
En estos sistemas de presentación de informes, tanto los Estados miembros liberales y progresistas como los órganos de vigilancia de los tratados suelen imponer una agenda desvinculada del consenso internacional. No producen observaciones ni consecuencias vinculantes, aunque son influyentes en el sistema de la ONU y pueden erosionar el consenso y ofrecer «interpretaciones» problemáticas de los tratados que luego son utilizadas como armas por organismos y gobiernos.
