Los menores han reportado haber sido sometidos a golpizas severas en los centros de detención, donde algunos perdieron piezas dentales y sufrieron quemaduras.
Redacción informeorwell.com
En una desgarradora audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo decidió pasar a juicio a siete menores de edad acusados de terrorismo y otros delitos, generando preocupación y angustia en sus familias y defensores. Según informes, al menos dos de estos adolescentes han manifestado intenciones suicidas debido a las torturas y maltratos sufridos durante su detención, reporta El Carabobeño en una investigación.
Estos jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, fueron arrestados entre el 29 y el 30 de julio en medio de protestas que estallaron tras los resultados de las recientes elecciones en el país. A pesar de las pruebas presentadas por sus familias para demostrar su inocencia, incluyendo constancias de estudio y actividades deportivas, los menores fueron llevados a juicio sin posibilidad de beneficios procesales.
La defensa, encabezada por la abogada Kelly Pérez, fue criticada por su falta de efectividad y compromiso en la protección de los derechos de estos menores. En la audiencia, la jueza ofreció una opción de declaración de culpabilidad con una pena reducida, pero ninguno aceptó, lo que llevó a su pase a juicio con el riesgo de enfrentar condenas de hasta 10 años.
Las denuncias de tortura son alarmantes. Los menores han reportado haber sido sometidos a golpizas severas en los centros de detención, donde algunos perdieron piezas dentales y sufrieron quemaduras. Estas atrocidades fueron documentadas por sus familiares, quienes exigieron exámenes forenses que nunca se realizaron.
Los testimonios de las familias revelan la desesperación ante un sistema judicial que ignora el bienestar de los menores. «Hemos solicitado el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal», expresaron los padres, quienes se sienten impotentes al no poder defender a sus hijos.
Con audiencias que se desarrollan en un clima de opresión, el futuro de estos jóvenes es incierto. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha condenado la situación, exigiendo a las autoridades revisar los casos y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Es imperativo que la comunidad internacional preste atención a estas violaciones y apoye a las familias afectadas, quienes claman por justicia y el fin de la persecución a menores de edad en Venezuela. La angustia que enfrentan estos adolescentes, expuestos a un entorno de violencia y represión, pone de manifiesto la necesidad urgente de cambios en el sistema de justicia y en las políticas de derechos humanos del país.
