UN DESPRECIO POR EL ELECTORADO Y LA INDEFENSIÓN CIUDADANA
Recordemos el JNE no solo tiene entre sus funciones el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales, sino, sobre todo, fiscalizar y velar por la legalidad del ejercicio libre del derecho de sufragio en su totalidad.
INDEFENSIÓN CIUDANA
Me refiero a que, frente a la magnitud de las evidencias, indicios, reclamos, pruebas o sospechas, como se quieran denominar, respecto a la forma y manera poco o nada transparente y diáfana cómo se desarrollan las actuales elecciones presidenciales, caracterizadas por la presencia de toda clase de irregularidades, anormalidades o anomalías, quienes reclaman transparencia no tienen a quién recurrir.
Al revés, aunque parezca un contrasentido, una ironía o un despropósito, son las mismas instituciones electorales y otras que las secundan las que salen a proteger, resguardar y preservar a toda costa la continuidad del proceso electoral, para pasar, a como dé lugar, a una segunda vuelta, soslayando todas las denuncias de fraude, cuando en realidad debería ser todo lo contrario: defender a toda costa la transparencia del proceso electoral frente a cualquier atisbo o sospecha que pudiera poner en tela de juicio la rectitud, la transparencia y solvencia de todo el proceso electoral.
No lo señalo en términos personales, sino que lo señalan las mismas denuncias de la Procuraduría de la entidad electoral, que tuvo que verse precisada a denunciar ante la Fiscalía las omisiones dolosas que surgieron sobre el particular, sumadas a otras de igual o mayor gravedad.
MENOSPRECIO AL RECLAMO POPULAR
Lo peor que le puede pasar a una democracia no solo es que abiertamente se ignore y menosprecie el reclamo popular, sino que sean las mismas autoridades electorales las que persistan, a toda costa, en continuar con un proceso electoral viciado tanto en el fondo como en la forma.
Un menosprecio indecoroso y escandaloso al sentir y pensar de un sector importante de la población electoral y de los postulantes que, bajo distintas razones y justificaciones inverosímiles y poco o nada creíbles, vieron frustradas sus justas aspiraciones electorales de elegir o de ser elegidos.
Un menosprecio al sentir popular, abusando del poder que se deriva del ejercicio del cargo funcional y que, tarde o temprano, revertirá como un búmeran en contra de la institucionalidad electoral, que evidencia toda una serie de graves falencias.
SEGUNDA VUELTA MANTENIENDO LOS MISMOS DEFECTOS DE IN- DEBIDA ESTRUCTURA ELECTORAL
La lógica desplegada es muy sencilla y, en gran medida, más que convincente: si en la primera vuelta electoral nada se hizo frente a la cantidad de denuncias, irregularidades, anomalías, pruebas y objeciones surgidas en contra de este primer momento del proceso electoral, y todo ha seguido hacia adelante como si no hubiera acontecido nada, la gran interrogante que surge sobre el particular es si las cosas podrán cambiar en caso de que se volviera a repetir y poner en tela de juicio el rol fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones.
En efecto, si en la primera vuelta electoral no hubo autoridades que, en una medida importante y trascendente, objetaran, rechazaran o confrontaran los resultados devenidos del máximo órgano electoral, por más dudosos que pudieran haber sido, tengo fundadas dudas e incertidumbres de que pudiera haber autoridad alguna que lo pudiera llevar a cabo en una segunda vuelta electoral.
Son solo algunos de los razonamientos enrevesados que, en el presente caso, me permito compartir
