Por: Luciano Revoredo | laabeja,pe
El 1 de abril de 2025, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dio un paso más en su cruzada por imponer una visión distorsionada del idioma con la Resolución Ministerial N° 125-2025-MIMP. Este documento, que aprueba una nueva versión de la “Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras, no existo”, insiste en resucitar una agenda progresista que el Congreso de la República ya había enterrado con la Ley N° 32003 en 2024. Aquella ley, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular, modificó la Ley N° 28983 para aclarar un punto de sentido común: el lenguaje inclusivo no requiere el desdoblamiento innecesario de términos para referirse a hombres y mujeres cuando existe un genérico que abarca a ambos. Sin embargo, el MIMP, en un acto de la más torpe obstinación ideológica, parece decidido a desafiar la lógica, la tradición y la claridad del idioma castellano.
El progresismo, con su obsesión por reescribir la realidad a través del lenguaje, pretende vendernos la idea de que decir “los niños y las niñas” o “los ciudadanos y las ciudadanas” es un avance hacia la igualdad. Nada más lejos de la verdad. Esta práctica no solo es un atentado contra la economía del lenguaje, sino que introduce confusión y ridículo donde antes había precisión. El castellano, como lengua rica y funcional, ha evolucionado durante siglos para usar términos genéricos como “personas”, “ciudadanos” o “estudiantes”, que no discriminan ni invisibilizan a nadie. Forzar el desdoblamiento o inventar aberraciones como “todes” o “les” no empodera a las mujeres ni a ningún grupo; al contrario, convierte el discurso en una caricatura que dificulta la comunicación y aliena a quienes lo escuchan.
La Resolución Ministerial N° 125-2025-MIMP, con su pomposa justificación basada en informes técnicos y políticas de igualdad de género, ignora deliberadamente el mandato de la Ley N° 32003, que obliga a las entidades públicas a ajustar sus normas y guías a un uso sensato del lenguaje. En lugar de acatar esta directriz, el MIMP opta por derogar resoluciones previas y relanzar una guía que perpetúa una visión ideologizada del idioma, como si repetir “hombres y mujeres” en cada frase fuera a tener otro efecto en la realidad que el de hablar como imbéciles. Este enfoque no solo es un retroceso en términos lingüísticos, sino también una burla a los verdaderos problemas que enfrentan las poblaciones vulnerables, que no se resuelven con juegos de palabras sino con políticas efectivas.
El progresismo, en su afán de imponer su dogma, desprecia el sentido común y la evidencia. En varios países ya han rechazado el lenguaje inclusivo en la educación por considerarlo un obstáculo para la comprensión lectora, un problema que en Perú, con su rezago educativo crónico, deberíamos tomar en serio. Sin embargo, el MIMP prefiere aferrarse a una ideología que confunde la visibilidad con la redundancia, ignorando que la verdadera inclusión no necesita de malabares lingüísticos, sino de acciones concretas. La insistencia en este “lenguaje ridículo” no es un signo de avance, sino de una élite desconectada que prefiere destruir e ideologizar el lenguaje antes que resolver problemas reales.
Es hora de poner fin a esta farsa. El idioma no necesita ser “reinventado” por burócratas con agendas ideológicas; necesita ser respetado como herramienta de comunicación universal. La Resolución Ministerial N° 125-2025-MIMP no es un paso hacia la igualdad, sino un monumento al capricho progresista que desprecia la claridad, la tradición y el bienestar de quienes dice defender. Que el Congreso y la sociedad civil actúen para frenar este disparate antes de que el daño sea irreparable. El lenguaje no es un campo de batalla para experimentos sociales fallidos; es un patrimonio que merece ser defendido.
