Los fiscales y jueces usan argumentos subjetivos, abstractos para determinar los arraigos de domicilio, familia, laboral, peligro de fuga, obstrucción a la justicia.
La solución está en volver a la costumbre jurídica usual consistente en fijar montos como caución en proporción a la capacidad económica de los investigados.
Cuando hay fuga del investigado, es problema de control y de intervenciones de prevenciones por acción u omisión de funcionarios públicos, malos policías y de un gobierno inclusive que deja escapar delincuentes de cuello y corbata o afines al gobierno.
Pero de ahí a generalizar las prisiones preventivas por casos excepcionales de líneas políticas que ocurren, es un abuso de autoridad y negligencias de jueces y fiscales que dejan las cosas en manos de secretarios que demoran los oficios e impedimentos de salida del país.
