CONCERTARON: SUSANA VILLARÁN Y MARISA GLAVE HICIERON UN ARREGLO PERVERSO E ILÍCITO PARA BENEFICIARSE ECONÓMICA Y POLÍTICAMENTE
LOS PEAJES
LA FISCALÍA DICE:
“son actos de concertación entre los ahora exfuncionarios municipales y los representantes de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y Línea Amarilla S.A.C.-LAMSAC”, esto para incorporar la Adenda N° 1 al contrato de Concesión Línea Amarilla el año 2013, un agregado que permitía no solo la ampliación de 30 a 40 años la duración de la concesión, sino el reajuste de los peajes en las vías administradas por dicha firma.
A los actos de concertación, la Fiscalía añade el delito de colusión y cohecho por los pagos recibidos por los regidores ediles de la era Villarán, pero no se encuentra lo que es un denominador común en el caso Lava Jato: el delito de organización criminal.
Para redonear la faena, Marisa Glave habría recibido dinero procedente de Odebrecht y OAS, con la finalidad de apoyar la consabida campaña ‘No a la Revocatoria’, según indicó el colaborador eficaz José Miguel Castro (“Budián”).
Según la declaración de Castro, Glave y Zoila Reátegui “visitaron entre seis u ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados” en la campaña por el ‘No a la Revocatoria’.
Por ello, agregó Castro, se autorizó al tesorero de la campaña, Luis Gómez Cornejo, que se entregara a Glave y Reátegui la suma de 60,000 soles, informó el portal de la agencia Andina el 14/7/2020.
MÁS DE GLAVE
Como ya lo había publicado EXPRESO en su edición del 27 de agosto de 2019, Marisa Glave también es investigada por la compra irregular de un terreno que costó a la Municipalidad de Lima más de siete millones de soles sin sustento técnico.
Todo indica que la operación fue para favorecer a personas que crearon dos empresas solo para adquirir y vender 7,141.13 metros cuadrados de la zona de Campoy, ubicado en la primera etapa de San Juan de Lurigancho, en el límite con Lima Cercado.
En ese entonces la exprocuradora Yeni Vilcatoma demostró que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron, hechos que coinciden con los momentos en que la municipalidad en mención evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla.
Todo empezó en 2011, cuando Villarán acababa de asumir el cargo de alcaldesa de Lima, y Marisa Glave fue designada presidenta de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura.
