Se imaginan cómo estará el aparato del Estado lleno de castillistas, rojos y zurdos, incapaces e impreparados, ahora que se sabe que estando Pedro Castillo en Barbadillo funciona la agencia de empleos para zurdos con el único requisitos de estar vinculados a Juntos por el Perú.
Si lo hace desde Barbadillo, no existe la menor duda que como un «huayco» lo han hecho en la Administración Pública, en cada ministerio, gobiernos regionales e instituciones en general.
Si hasta el expresidente del Poder judicial, abogado de Aníbal Torres, lo admitió, cuantos miles de rojos eran cobijados en su institución de justicia, saquemos la cuenta lo terrible que se haya replicado la incompetencia en el MP y en otros sectores e instituciones.
Esto no es broma, hay que tomar en serio cómo se inflan las planillas de incompetentes y como se bloquean las gestiones de todo gobierno democrático. Se tienen que revisar el historial de las comisiones de transferencia de gobierno para darse cuenta cómo los zurdos han despilfarrado el presupuesto y por ende tienen el récord de cero obras, porque hay 40 mil obras inconclusas a nivel nacional.
El gobierno de Keiko y sus ministros deben ir reduciendo el propio sector a lo más mínimo e indispensable porque hay trabajadores fantasmas y otros que duplican funciones y todo ello suma en perjuicio del verdadero pueblo necesitado de ver obras y seguridades para sus espacios, pueblos y ámbitos comunitarios.
No se puede admitir que entre 2017 y 2024, la planilla estatal pasó de 1,3 millones a cerca de 1,6 millones de trabajadores y en 2025 y 2026 se aumentó aún más. Este incremento se concentró en un 94 % en las carreras especiales y en la contratación administrativa de servicios.
Debe sincerarse la meritocracia empezando por desaparecer el concepto de paridad de género laboral, así como reducir los tantos regímenes laborales existentes que alcanza a 16 clases de trabajadores.
El Ministro de Trabajo debe dedicarse a «chambear» con mayor visión y objetivo de buena gestión y desarrollo en el servicio civil; máxime, que existe abusos con los cargos de confianza en los niveles directivos, porque se producen con los cambios constantes de autoridades una afectación a la continuidad de las políticas públicas y la ejecución presupuestal.
