A partir del 1 de septiembre, las redes sociales y otras plataformas en línea deberán confirmar de forma fiable no sólo la edad de las personas que en ellas se registran, sino también, en el caso de los menores, que éstos tengan permiso de sus padres.
Redacción Vision Times – es.visiontimes.com
Primero fue Utah en marzo, luego Luisiana hace una semana y ahora se suma Texas, cuyo gobernador Greg Abbott acaba de promulgar una ley que prohíbe a menores de edad (de 18 años o menos) usar redes sociales sin consentimiento de sus padres.
La normativa entrará en efecto el 1 de septiembre, fecha desde la cual todas las plataformas deberán verificar las edades de los niños y adolescentes, confirmando que tienen el permiso de sus padres para registrarse.
Una vez entre en vigencia, no sólo las redes sociales estarán expuestas a demandas estatales y privadas, sino cualquier proveedor de servicios digitales que requiera un correo electrónico para acceder, explica Ars Technica.
También deberán reforzar los mecanismos de control parental, y los canales de comunicación entre la administración y los padres sobre la actividad de sus hijos, así como la moderación de los contenidos sensibles como el suicidio, autolesiones, trastornos alimentarios, abuso de sustancias, acoso, intimidación, hostigamiento, manipulación, tráfico y abuso sexual tanto de niños como de personas mayores. Estos filtros deberán ser operados por personas, y no por sistemas automatizados.
“Las plataformas han estado recolectando datos y manipulando el comportamiento en línea de nuestros hijos”, sostuvo la bancada del Partido Republicano -al cual pertenece Abbott- del congreso texano tras ser firmada la ley.
Esta iniciativa ha sido criticada por varios motivos, pero lo que más preocupa son casos en que los menores de edad viven con padres abusivos y ambientes hostiles, usando las redes sociales para pedir ayuda. En esos casos, advierten los críticos, podrían ver limitadas sus redes de apoyo en línea.
También advierten que podría incluso dañar las facultades de los padres sobre sus hijos en algunos aspectos, al requerir tanta información sobre los niños individualizados, y alertan que algunas plataformas pueden terminar limitando más discurso que el exigido por la legislación en un exceso de precaución, afectando la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en materia de libertad de expresión.
Sin embargo, la oleada de regulaciones en esta dirección no parece dar luces de detenerse. Connecticut, Maryland, Minnesota, New Jersey, Ohio y hasta el gobierno federal de los Estados Unidos avanzan en la misma dirección.
