Ministerio de Vivienda entregó a fiscales documentos del proceso de selección en el que CTCEG, del consorcio ganador, obtuvo obra en Piura con presunto favorecimiento. Hania Pérez de Cuéllar dijo que comité de selección fue nombrado en gestión de Geiner Alvarado, y fue disuelto.
REDACCIÓN PERÚ21
Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción ingresó ayer, en la mañana, a las oficinas del Ministerio de Vivienda para recoger información y documentos sobre el proceso de selección en el que el consorcio Piura y Castilla —integrado por China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. Sucursal del Perú (CTCEG) y la peruana JPC Ingenieros SAC— obtuvo la buena pro de un contrato de 561,7 millones de soles, para realizar una obra de agua potable y alcantarillado en asentamientos humanos de Piura.
¿Por qué se realizó la intervención fiscal? Esto ocurrió debido a que, el martes último, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, denunció presuntos actos irregulares durante el proceso de licitación, realizados por integrantes del comité de selección del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) de su cartera. Esos hechos habrían permitido —dijo la ministra— que el consorcio Piura y Castilla haya obtenido la buena pro, el 16 de febrero último, a través de supuestos actos de favorecimiento.
NO HAY CHAUFA GRATIS
Por ese motivo, Pérez de Cuéllar disolvió el comité de selección que entregó la millonaria obra en Piura, y porque además este había sido designado en la gestión del exministro de Vivienda Geiner Alvarado, exfuncionario que se encuentra involucrado en la acusación constitucional contra Pedro Castillo y el caso ‘Los Niños’.
Sobre los supuestos delitos que se habrían cometido durante el proceso de selección, Pérez de Cuéllar dijo ayer —en una nueva conferencia de prensa en menos de 48 horas— que el presunto delito sería “colusión”, porque “al no integrarse correctamente las bases del concurso se estaría favoreciendo a un postor sobre otro”. Y, esos hechos habrían beneficiado al consorcio Piura y Castilla a obtener la buena pro.
Según la ministra, todas las empresas que postularon a la licitación, no pudieron acceder a toda la información de manera transparente o de igualdad en el concurso, y “al no haber integrado las bases para que todos los postores tengan la misma información, habría un postor que sí tuvo acceso a toda la información”.
Sin embargo, sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción “se encargará de tipificar el delito” y encontrar a los responsables.
“He conversado con el fiscal para reiterarle —aseguró la ministra— nuestro compromiso de colaboración absoluta en desterrar la corrupción enquistada en este ministerio”.
La procuradora de la cartera de Vivienda, Karina Palomino, acompañó las diligencias realizadas por el fiscal Juan Carlos Zúñiga y un equipo de la Policía Anticorrupción.
‘LOS NIÑOS’ A LA VISTA
La titular de Vivienda confirmó que habría una relación entre la empresa china CTCEG con la empresa China Railway 10 (CREC10), que está mencionada en las páginas 52, 53 y 54 de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo y seis congresistas del caso ‘Los Niños’.
La hipótesis fiscal es que los legisladores habrían “influido” en los ministerios de Vivienda y Transportes para que tres empresas chinas —entre ellas CREC10— obtengan obras, y “habrían obtenido beneficios económicos ilícitos”.
“En la propia página web de Linkedin de esta empresa china, que forma parte del consorcio Piura y Castilla, se indica que son una subsidiaria de Railway 10. Y Railway 10 forma parte del proceso de investigación que usted hace anuncio. Es unir los puntos y sobre la base de eso ampliar las investigaciones”, dijo la ministra Pérez de Cuéllar al ser consultada por Perú21 sobre la relación entre CTCEG y CREC10.
Este medio se comunicó al teléfono que figura en la ficha de proveedores del Estado de OSCE, y habló con un empleado de CTCEG, quien confirmó que CTCEG y CREC 10 son parte de la empresa matriz china CREC.
Actualmente, hay una comisión investigadora del Congreso que indaga más de 100 obras obtenidas por 13 empresas chinas, entre 2018 y 2022, en el Ministerio de Transportes, entre las que está CREC10, pero no CTCEG.
CTCEG ha presentado una acción de amparo en un juzgado de Requena, Loreto, para frenar la anulación de esa millonaria licitación.
