Comentario de la ONG Católica «Sin Componenda»
NO ES JUEGO.
La libertad de expresión, de pensamiento y de religión se va perdiendo en los países de primer mundo que se rasgan las vestiduras pidiendo lo que ellos mismo no quieren dar a los que piensan diferente a ellos.
Buscan intimidar, censurar y coaccionar queriendo imponer una sola forma de pensar, la del «pensamiento único» de la Agenda 2030 de la ONU-NOM.
Nos duele este tipo de situaciones, más no nos sorprende, pues sabemos con antelación que sucederían tarde o temprano.
Lo lamentable, es que muy pocas son las voces que se levantan para denunciar estos atropellos, siendo así cómplices de las injusticias de la administración Biden.
Redacción es.zenit.org
En un controvertido caso que ha suscitado intensos debates sobre la libertad de expresión y los derechos civiles, Lauren Handy, una destacada activista provida, ha sido condenada a 57 meses de prisión federal y tres años de libertad condicional por su participación en una protesta pacífica contra el aborto. La sentencia fue emitida bajo la Ley FACE, un estatuto que rara vez se ha utilizado pero que la administración de Joe Biden ha invocado en este caso.
Handy, conocida por su activismo dentro de la izquierda política y su firme postura contra el aborto, organizó una sentada en una clínica de abortos en 2020. Según sus defensores, si su protesta hubiera sido por una causa medioambiental, probablemente habría enfrentado cargos menores y una multa. Sin embargo, debido a la naturaleza de su activismo, el Departamento de Justicia, bajo la administración de Biden, presionó para que se le aplicaran las penas más severas previstas en la Ley FACE, una medida que sus críticos consideran un uso desproporcionado de la ley para reprimir la disidencia provida.
Además de Handy, otros dos activistas, John Hinshaw y Will Goodman, también fueron sentenciados por su participación en la protesta. Hinshaw recibió una condena de 21 meses, de los cuales se le acreditaron nueve meses ya cumplidos, mientras que Goodman fue sentenciado a 27 meses de prisión.
En una declaración antes de conocer su sentencia, Handy reflexionó sobre su encarcelamiento y su compromiso con la causa provida. «Han pasado cerca de nueve meses desde que fui abruptamente arrancada de mi comunidad», dijo. «Esto me ha llevado a pensar detenidamente qué decir sobre mi sentencia de hoy en un tribunal federal. Algunos borradores eran enojados y justos, mientras que la mayoría eran solo un anhelo lleno de lágrimas por mis seres queridos en casa. Sí, esta vez ha sido un desafío, pero me niego a cansarme. ¿Por qué? Porque la vida continúa… incluso en la cárcel. Así que bien podría seguir amando, llorando, gritando y bailando. Eso es alegría. La sensación de estar plenamente viva sin vergüenza. Lo cual es algo que ningún tribunal me puede quitar. Así que hoy estoy en paz conmigo misma y con mi futuro. Iré al tribunal con la cabeza en alto y el corazón abierto».
La sentencia de Handy ha generado una ola de reacciones entre los defensores de los derechos civiles y activistas provida, quienes argumentan que la administración Biden está utilizando la Ley FACE de manera injusta para silenciar a aquellos que protestan pacíficamente contra el aborto. La ley, que fue diseñada para proteger el acceso a los servicios de salud reproductiva, ha sido criticada por su potencial para infringir los derechos de libertad de expresión cuando se aplica de manera excesiva.
