OTRA PIEZA SUELTA
NO HAY MAYOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER
LA NOTA
La Contraloría General de la República del Perú advirtió serias irregularidades en el despliegue de material y equipos informáticos para las Elecciones Generales 2026 desarrolladas en Lima Metropolitana el último domingo 12 de abril.
Un informe de visita emitido el 14 de abril identificó fallas logísticas que afectaron el inicio oportuno de la jornada electoral y obligaron a adoptar medidas excepcionales para garantizar el derecho al voto.
El documento reveló que la empresa contratista Servicios Generales Galaga S.A.C. incumplió el cronograma establecido para la entrega del material electoral, el cual debía completarse entre el 10 y 11 de abril.
Este retraso ocasionó que diversos locales de votación no contaran con los insumos necesarios al momento de la apertura de mesas, lo que alteró el desarrollo normal del proceso.
EL DAÑO ES MUCHO MÁS QUE LAS DEMORAS LOGÍSTICAS
La comisión de control determinó que al menos trece centros de votación en distritos del sur de Lima, como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, registraron demoras en la llegada del material.
Entre las instituciones afectadas figuran la I.E. Parroquial Virgen de la Asunción, la I.E. 6041 Alfonso Ugarte, la I.E. 7078 Virgen de Chapi y la I.E. 7261 Santa Rosa de Collanac, donde la jornada se inició con retrasos debido a la ausencia de equipos e implementos.
Frente a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adoptó medidas para evitar mayores afectaciones al proceso.
El pleno del organismo autorizó la instalación de mesas hasta las 2:00 p. m. y dispuso extender el horario de votación hasta las 6:00 p. m. en los distritos comprometidos, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al sufragio.
El informe también detectó inconsistencias en la acreditación del personal encargado del transporte.
INSPECCIONES IN SITO
A CUALQUIERA LLAMARON PARA QUE CONDUZCAN LOS CARROS QUE LLEVAN LOS MATERIALES ELECTORALES
Durante las inspecciones llevadas a cabo en los almacenes ubicados en Lurín, los auditores verificaron que varios conductores no coincidían con la relación oficial previamente presentada por la contratista ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Esta situación evidenció cambios de personal sin sustento documental, lo que contravino las condiciones contractuales establecidas.
En ese sentido, el documento técnico advirtió que “los conductores y vehículos detallados no son los indicados en el Memorando n.° 000962-2026-GCE/ONPE de 8 de abril de 2026”, lo que implicó el incumplimiento de la normativa aplicable y de los términos de referencia del servicio contratado.
El hallazgo más crítico se vinculó a la idoneidad de los choferes asignados para el traslado del material electoral.
Tras la verificación en la plataforma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Contraloría identificó que al menos cuatro conductores registraban infracciones de tránsito calificadas como “muy graves” en los últimos doce meses, condición que los inhabilitaba para participar en este tipo de servicio sensible.
La entidad de control subrayó que estas deficiencias vulneraron las condiciones del contrato y ocasionaron riesgos en la ejecución de una etapa importante del proceso electoral.
Asimismo, señaló que los hechos podrían comprometer la eficiencia del despliegue logístico, considerado fundamental para garantizar la transparencia y continuidad de los comicios.
Ante estos resultados, la Contraloría comunicó el informe al jefe de la ONPE y dispuso que se adopten medidas preventivas y correctivas de manera inmediata.
