La comunidad internacional exige transparencia y la liberación de todos los presos políticos en el país.
Redacción Infocatólica – infocatolica.com
El Parlamento Europeo (PE) solicitó a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua una prueba que avalara que el monseñor Rolando Álvarez continuara con vida. El obispo se encuentra encarcelado desde el mes de febrero y cuenta con una condena de 26 años y 4 meses de prisión.
Según informa una nota publicada por el Parlamento Europeo en su sitio web oficial, exigieron esto por medio de una resolución aprobada el pasado jueves 15 de junio, siendo esta la séptima resolución que realizan respecto a Nicaragua, frente a «la deriva totalitaria del régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo».
En esta ocasión, el organismo internacional pidió al régimen de Ortega «que se demuestre que el obispo Rolando Álvarez está vivo; reitera su llamamiento en favor de su liberación inmediata e incondicional y la de todos los presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, miembros de la Iglesia Católica y periodistas detenidos arbitrariamente».
También se pronunció al respecto la investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, quien desarrolló el informe «Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?”», en el que contó un mínimo de 529 ataques contra la Iglesia de parte de la dictadura en el país.
Molina dijo a ACI Prensa: «Enhorabuena. La comunidad internacional pide prueba de vida. Impotencia y angustia sentimos los nicaragüenses ante esta arbitrariedad que se ha cometido contra el obispo, en un país donde no se respeta la Constitución Política ni la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena».
La última vez en que monseñor Álvarez fue visto por cualquier persona exterior al régimen fue el 25 de marzo, cuando publicaron una «puesta en escena» en la que se le podía ver junto a sus hermanos dentro de la cárcel en la que lo mantienen, conocida como La Modelo.
Monseñor Silvio Báez, el Obispo Auxiliar de Managua, definió esta publicación como «repugnante y cínica» y, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada del monseñor Álvarez.
La investigadora Molina también denunció: «El obispo, tres sacerdotes y más de 40 ciudadanos notables se encuentran en la misma condición en cárceles donde asesinan, violan, arrancan las uñas, asfixian, niegan los alimentos, los hacen defecar en las manos, los desnudan, no les permiten ver el sol y un sinnúmero de torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Además de exigir pruebas de vida del monseñor Álvarez, el Parlamento Europeo denunció que, desde el mes de abril del 2018, «el régimen nicaragüense ha clausurado más de 3.300 organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, incluidas organizaciones de mujeres y organizaciones relacionadas con la Iglesia católica, y ha dejado a incontables personas sin acceso a sus servicios y asistencia».
De esta forma, el PE «condena enérgicamente la comisión generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos por parte del régimen nicaragüense contra su población únicamente por razones políticas» y «subraya que estas violaciones constituyen crímenes contra la humanidad».
Asimismo, en su resolución, expresan su profundo lamento por «la continua instrumentalización del sistema judicial y la complicidad de los jueces con el régimen», y por eso pide que «la lista de sancionados por la Unión Europea se amplíe a jueces y fiscales, además de al propio presidente Ortega y su círculo más cercano».
