Caso está relacionado con financiamiento de Perú Libre
El panorama judicial de la expresidenta Dina Boluarte se torna más complejo. El Ministerio Público ha oficializado el inicio de una investigación preparatoria en su contra, junto a otras siete personas, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Este proceso se centra en hechos ocurridos durante su etapa como integrante de la plancha presidencial del partido Perú Libre.
La decisión fue formalizada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) mediante la disposición número 36, emitida el pasado 24 de abril. Con este documento, la Fiscalía da el salto de las indagaciones preliminares a una etapa de formalización, lo que implica un mayor grado de sospecha y la necesidad de un control jurisdiccional estricto.
Dada la complejidad de la estructura presuntamente utilizada para el manejo de fondos, la instancia fiscal determinó que la investigación se desarrolle en un plazo de 36 meses. Esta extensión se ampara en la Ley N.° 30077 (Ley Contra el Crimen Organizado), que permite a los magistrados contar con un tiempo prolongado para el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y otras pericias especializadas.
El control de este proceso estará a cargo del juez Fernando Valdez, a quien ya se le ha comunicado la disposición fiscal. Su rol será velar por el cumplimiento de los plazos y las garantías procesales de los investigados durante los próximos tres años.
La tesis fiscal apunta a que Boluarte habría participado en la creación de una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre. El objetivo de dicha cuenta habría sido recaudar aportes de militantes y fuentes de dudosa procedencia para, entre otros fines, cancelar la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón, líder del partido y actualmente prófugo de la justicia.
Este nuevo frente legal se suma a los cuestionamientos previos sobre el financiamiento de la campaña electoral del 2021. La Fiscalía busca determinar si el dinero recolectado tuvo un origen ilícito y si los mecanismos de captación fueron diseñados para eludir los controles del sistema financiero y electoral peruano.
