Expertos plantean propuestas para adecuar los penales y recluir ahí a los delincuentes peligrosos.
Redacción Perú21 – peru21.pe
La inseguridad ciudadana es un problema que viene afectando a todo el país. La llegada de la organización criminal Tren de Aragua al territorio peruano ha puesto en aprietos a autoridades, sociedad y al sistema de justicia. El hacinamiento en las cárceles es uno de los principales problemas por enfrentar. Constituir un GEIN para atrapar a los cabecillas de esta organización, como ha planteado este diario, no funcionaría si es que, a la par, no mejora el sistema de justicia y el sistema carcelario.
Las cárceles tienen una capacidad para un poco más de 40 mil personas y actualmente hay casi 100 mil reclusos. Perú21 buscó a dos expertos sobre el sistema penitenciario para proponer soluciones a un problema que afecta al ciudadano de a pie, puesto que fuera de las cárceles están los delincuentes de alto rango que obligatoriamente deberían cumplir penas dentro de estos centros de reclusión.
El exdirector del INPE Carlos Zoe explicó a este diario que, por ejemplo, en 2020 se redujo hasta en 10 mil reclusos el nivel de hacinamiento en las cárceles por una norma excepcional en busca de evitar el masivo contagio de COVID-19.
“Lamentablemente, fue una norma excepcional y creo que debería volverse a implementar. Deberíamos tener una metodología que permita identificar cuál es la situación jurídica de más de 35,000 personas que están a la espera de su sentencia o, por el contrario, de su libertad”, dijo Zoe.
Esta afirmación fue compartida por Silvia Alayo Dávila, secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), quien añadió que el deshacinamiento de las cárceles no depende de la masiva construcción de centros penitenciarios. “Ha quedado demostrado que la única manera de deshacinar las cárceles es a través de normas que permitan la liberación de presos”, manifestó.
Ambos coinciden en que el perfil de los reclusos que llegasen a salir debe ser, evidentemente, los que representen menor peligrosidad. Y para ellos, el uso de grilletes es una de las soluciones. Según informó Silvia Alayo, actualmente el uso de este tipo de dispositivos llegaría a 50 personas a nivel nacional. Por su parte, Carlos Zoe explicó que el gasto máximo por la compra de 1,000 grilletes, sería de 4 a 5 millones de soles.
Sin embargo, nada de esto se logrará al 100% si no existe un sistema integrado de justicia. Zoe y Alayo advirtieron que se necesita un trabajo entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo para lograr un avance completo.
