Los Congresistas con rabo de paja buscan producir leyes propias que los favorezcan. Desde proyectos para salvarse de sentencias, de las investigaciones en la Comisión de Ética y restituir la inmunidad parlamentaria, hasta un intento para enviar a la cárcel a los periodistas.
Redacción Diario Correo – diariocorreo.pe
El Congreso de la República electo en el 2021 no solo se ha caracterizado por tener un alto nivel de desaprobación, denuncias contra congresistas denominados “mochasueldos” e implicados en presuntos actos de corrupción, sino también por ser un Parlamento interesado en velar por sus propios intereses.
LUZ VERDE
El 19 de abril de 2022, José Arriola, entonces congresista de Acción Popular, presentó un proyecto para que se autorice al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de forma excepcional y por única vez, la ampliación de la presentación de las listas de candidatos para las elecciones internas municipales y regionales 2022.
Nueve días después, el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa. Curiosamente, la propuesta llegó a mesa de partes luego de que el partido de la lampa no pudiera inscribir a tiempo a sus precandidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana y 17 distritos de la capital.
Sin embargo, una norma promulgada que ha llamado más la atención es la ley de prescripción, denominada por algunos como “Ley Soto”.
El texto modifica el artículo 84 del Código Penal para establecer un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito, es decir, los procesados por delitos graves, cuyos casos tienen un tiempo determinado, se podrían beneficiar.
Precisamente, Alejandro Soto, presidente del Congreso, utilizó la ley este año para lograr archivar un proceso en contra por el que la Fiscalía pedía una sentencia de ocho años y ochos meses de cárcel.
También está la propuesta que establece que los acuerdos de colaboración eficaz se deban cerrar en un máximo de ocho meses, más una prórroga de cuatro meses en casos comunes y otra de ocho meses si la investigación involucra crimen organizado.
Originalmente, la iniciativa fue impulsada en 2020 por la bancada de Podemos, grupo que dirigía el entonces congresista José Luna Morales.
El exlegislador es investigado por integrar una red criminal y su caso escaló tras la confesión de un colaborador eficaz.
La norma aprobada por el Congreso el 22 de junio recibió críticas de diferentes sectores al considerar que se dificultan las investigaciones.
Por ahora, el texto ha retornado a la Comisión de Justicia para un mejor estudio luego de la observación del Poder Ejecutivo.
Por último, uno de los textos que se aprobó solo en primera votación, aunque al final no obtuvo los resultados deseados, es la denominada “ley mordaza”.
El texto pretendía modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal para incrementar las penas para los delitos de calumnia y difamación en medios de comunicación.
Luego de advertir que la iniciativa atentaba con la labor de los periodistas, el Congreso retrocedió y votaron por enviarla al archivo.
