𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊́𝙉: «𝙁𝙪𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙤𝙨»
Fracasa maniobra de CAL e IDL contra JNJ: PJ y Judecap desautorizan proceso en Ética
Gestión de Delia Espinoza y ONG de Gustavo Gorriti no podrán usar gremio para represalias políticas.
LA NOTA
Cuando sectores que politizaron al sistema de justicia se preparaban para hacer lo mismo con el Colegio de Abogados de Lima, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima y la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú (Judecap) frustraron sus planes.
Este miércoles por la noche, el Consejo de Ética del CAL iba a evaluar una denuncia de la ONG IDL contra María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Medida cautelar
Según los oenegeros, se había cometido una falta deontológica cuando ordenaron la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación cuando ese puesto lo ocupaba Delia Espinoza, actual decana del CAL.
En vez de usar su derecho a presentar los reclamos legales de ley, Espinoza usó recursos públicos para atrincherarse en su oficina y hacer vigilia. Incluso logró una suspensión irregular de Benavides.
Esta aparente represalia de los aliados políticos, usando al Consejo de Ética, no procedió.
“Suspéndase provisionalmente, hasta la culminación del proceso de amparo, la condición de agremiado o miembro del solicitante en el CAL”, señala la notificación del juez Omar González Guimaray, a la junta directiva que encabeza Espinoza.
Esta medida cautelar es en respuesta a una demanda de amparo de Ríos, miembro de la JNJ que había renunciado el 23 de marzo al gremio profesional, pero esto había sido rechazado sin sustentarlo con normas, sino solamente porque debía tres pagos y tenía pendiente la denuncia de IDL.
A esto se sumó el comunicado de la Judecap, recordando que “los abogados que desempeñen funciones públicas, se encuentran sujetos, en lo que corresponda al ejercicio de dicha función, al régimen disciplinario, al Código de Ética de la Función Pública y la norma específica que le resulte aplicable”.
Esta normativa la habían aprobado 19 decanos a nivel nacional, en abril pasado, pero IDL y Espinoza pretendían desconocerla
