La propia presidenta del Tribunal Constitucional denunció penalmente a una directora de su institución por usar su cargo para apropiarse de dinero ajeno.
“Iniciar diligencias preliminares en sede fiscal por el plazo de sesenta días en los seguidos contra Susana Esther Victoria Távara Espinoza, por la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de coacción y acoso”, señaló la fiscal Evelyne Ramos Mauricio el 24 de marzo.
Esta trama empieza en la última semana de febrero del presente año. La médico Jessica Fabbiola Sarria Galindo, quien ocupaba una plaza laboral en el TC, le informaba verbalmente a Pacheco que Távara le había pedido dinero como supuesto préstamo desde el 2023.
“Decidió retirarle la confianza en el cargo de Jefa de Recursos Humanos del Tribunal Constitucional, disponiendo su reasignación a un puesto de asesora jurisdiccional”, señala la Disposición Fiscal 1 de la carpeta 506114506-2026-1215-0.
Esta decisión se ejecutó el seis de marzo. Ese mismo día, Távara le mandó un correo electrónico a Pacheco.
En este, le informaba que la trabajadora Ysabel Esther Meléndez Calmet de Ríos habría utilizado su nombre con la finalidad de coaccionar a terceros para que brinden declaraciones testimoniales.
En los registros digitales figura que la titular del TC respondió prácticamente de inmediato, negando categóricamente tales imputaciones y precisando no haber tenido contacto alguno con dicha trabajadora, ni en el ámbito personal ni laboral.
“Posteriormente, con fecha siete de marzo de 2026, habría recibido comunicación de Ysabel Esther Meléndez Calmet de Ríos, quien también negó los hechos atribuidos, indicando que carecen de sustento y no se ajustan a la realidad”, era el desarrollo.
Sin embargo, este cruce de acusaciones ya había llevado a un punto sin retorno, cuando la conciliación no es una opción.
La médico Sarria cumplió con mandar —también por correo electrónico— comunicaciones y documentos que comprometían aún más a Távara.
Cabe indicar que la saliente jefa de Recursos Humanos es hija de Francisco Távara, miembro de la Junta Nacional de Justicia.
Esto podría afectar al respetado expresidente del Poder Judicial, quien está a unos días de pasar al retiro por límite de edad.
“Se advierte que los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público permiten afirmar que concurre el estándar de sospecha simple, conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes”, advirtió la fiscal Ramos Mauricio.
En ese sentido, justifica la investigación durante sesenta días porque —en su documento— afirma que existen datos objetivos iniciales que sustentan la verosimilitud del suceso irregular.
La titular del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince también dispuso acciones inmediatas para averiguar si efectivamente la funcionaria denunciada había cometido coacción y acoso.
Estos cargos penales podrían confirmarse o modificarse, según vayan avanzando las pesquisas, agregó la fiscal.
“Se requiere la práctica de ciertos actos de investigación, con el objeto de tener en claro los hechos para que, ulteriormente, se haga una adecuada calificación jurídica de los mismos al momento de formalizar investigación preparatoria”, precisó.
“Copia íntegra y legible de los correos electrónicos antes mencionados, incluyendo encabezados completos (metadatos), así como cualquier otro medio probatorio en su poder (capturas de pantalla, documentos, audios u otros), que guarden relación con los hechos denunciados”, solicitó a Pacheco.
Como las principales evidencias constan de “e-mails”, la representante del Ministerio Público dispuso la realización de una pericia informática sobre estas comunicaciones electrónicas, a fin de verificar su autenticidad, origen, fecha de emisión, integridad y contenido.
