La diferencia es que Corvetto estuvo de acuerdo con Salas Arenas integrante de esta organización criminal
Esta vez se equivocaron con Burneo, que si bien es cierto tuvo negligencia administrativa y confió en lo que prometía Corvetto, Burneo no es corrupto y por eso denunció al jefe de la ONPE.
En la organización criminal, cuya estructura incluye al candidato presidencial, significa que tanto Pedro Castillo, aquella vez, como Roberto Sánchez ahora, sabían con seguridad que trabajaban para ellos.
Ambos se fueron de boca antes de las elecciones, Pedro Castillo ante Diego Acuña en una entrevista y Roberto Sánchez con Antauro Humala en otras ocasiones, también en sendas entrevistas. Hablaban con seguridad de su victoria, y no se trata que es el optimismo o deseo de ganar, sino que están seguros del aparato corrupto electoral a su favor.
Con respecto:
Los penalistas nunca aciertan estas cosas de la política delictiva y los fraudes respectivos, que escapan a sus especialidades y teorías académicas, porque la visión y modus operandi de la corrupción se investiga con visión amplia y se arman las piezas del rompecabezas que no terminan en una fracción de verdad delictiva, sino en un todo corrupto.
Es igual, cuando se investiga lavados de activos, empresas de fachada, etc., los delitos no son aislados, es un diseño y una estructura práctica que es el «modus operandi» de la corrupción. Cada uno tiene su propio » know-how » que fluye en una investigación seria.
Piero Corvetto es hombre clave y sabe los que están detrás de él, en la misma forma que estos candidatos que se benefician del engaño y la farsa electoral también deben responder y van a encontrar que los dos sombreros participantes en la campaña, eran bolos seguros; los casos son similares en conductas de complicidad para un fin ilícito y fraudulento.
IPSOS, Perú 21, la República, también, deben ser incluidos en las investigaciones de esta organización criminal que abortó, porque les resultó «un golpe fallido».
Lamentablemente, todo esto hace que se anulen votos y se conduzca a la nulidad del proceso electoral por las razones contempladas. La voluntad del pueblo consagrada en la Constitución es primacía y no normativa electoral aplicable para otros casos.
