El comité de derechos humanos de la ONU para la eliminación de la discriminación racial se está preparando para desatar la presión a favor del aborto en todo el mundo, informa C-Fam.
En mayo, el organismo de supervisión de tratados asociado con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés) publicó el primer borrador de lo que se conoce como un comentario general sobre el tema de la discriminación racial y el derecho a la salud.
El borrador expresa preocupación por que las personas pertenecientes a grupos raciales específicos no tengan acceso a una atención médica estable y asequible debido a una serie de «causas, actos y omisiones», incluida la «criminalización de los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, especialmente los abortos». El comentario afirma que “el acceso seguro, legal y efectivo al aborto es parte del derecho a controlar la salud y el cuerpo y el derecho a la vida de las personas protegidas por la Convención”.
Cita la directriz reciente de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto “seguro”, que a su vez cita otros órganos de supervisión de tratados que han interpretado un “derecho” al aborto en sus respectivos tratados, ninguno de los cuales menciona el aborto o podría entenderse razonablemente que lo incluye como tal.
Ninguna de estas recomendaciones, ya sean generales o específicas, son vinculantes para los países. Sin embargo, son influyentes tanto dentro del sistema de la ONU como en los tribunales nacionales, las instituciones académicas y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
En los EE. UU., que es parte de la ICERD, los bebés negros por nacer son abortados de manera desproporcionadamente más frecuente que cualquier otro grupo racial, con un estimado de 17 millones abortados desde la decisión Roe v. Wade de 1973 que convirtió el aborto en un derecho nacional. Las mujeres negras también corren un mayor riesgo de muerte por complicaciones del aborto que las mujeres blancas en los EEUU.
Mientras tanto, el movimiento de “justicia reproductiva” con sede en EE. UU., encabezado por feministas negras que insisten en que el aborto no solo debe ser ampliamente legal, sino también subsidiado por los fondos de los contribuyentes, ha sido retomado por activistas del aborto dentro del sistema de la ONU. En los últimos años, el lobby internacional del aborto ha trabajado cada vez más para enmarcar su defensa en términos de justicia racial.
Muchas de estas organizaciones estuvieron presentes en reuniones el año pasado cuando se discutió la recomendación general sobre discriminación racial y salud. Un grupo internacional de aborto abierto, Ipas, recientemente se renombró como ‘Socios para la Justicia Reproductiva’.
Las organizaciones de la sociedad civil y los expertos aún pueden ofrecer sus contribuciones al proceso de redacción de la recomendación. Actualmente, el comité está solicitando comentarios de las partes interesadas sobre el borrador hasta el 4 de agosto.
El Centro Europeo para la Ley y la Justicia ha publicado informes que detallan las estrechas relaciones entre los grupos abortistas internacionales y los miembros de los órganos de seguimiento de tratados de la ONU.
