La politización e ideologización de la justicia, en especial de la Fiscalía, los actos de la JNJ y las continuas contiendas de competencia, es lo primero a corregir en el nuevo gobierno.
Redacción expreso.com.pe
La crisis del sistema de justicia ha tocado fondo en el Perú. Y es en el Ministerio Público donde esa realidad es espantosa, sobre todo después de la destitución de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides y las declaraciones, cada vez más explosivas, de su exasesor Jaime Villanueva, convertido en la “garganta profunda” del Watergate criollo que vivimos a diario.
No hay sector jurídico ni menos político que no haya llegado a la conclusión de que no hay otra salida que una reforma profunda del citado sistema, en especial de la Fiscalía y del Poder Judicial.
Incluso el vocero más lúcido de la llamada izquierda caviar, José Ugaz, hace meses ha llegado a esa conclusión de que las crisis extraordinarias la naturaleza judicial que vivimos requieren soluciones también extraordinarias.
“Hemos tocado fondo, el Perú tiene que repensar su sistema de justicia, hay que ver todas las normas que están alrededor, convocar a una comisión de altísimo nivel de juristas, fiscales, jueces, procuradores, en fin, todos los actores que tienen que ver con este tema, y decir qué vamos a hacer con la justicia en el Perú”, reclama (RPP 17/02/2024).
Obviamente que una medida de esta naturaleza requiere voluntad política y tomar el toro por las astas. Por eso es que el presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Arévalo, desde su perspectiva, ha venido reclamando que dicha reforma no puede hacerse sin la participación de los jueces.
Nadie niega dicha posibilidad, ni Ugaz, a condición de que antes que nada se necesita una visión externa, académica y operativa, porque de lo contrario daría la impresión que solo los jueces pueden reformarse o que solo los fiscales podrían salir en forma autónoma del marasmo en que se encuentran.
Después del fracaso de tantas reformas judiciales capitaneadas por la izquierda caviar, después de haber vetado en todo y perseguido a sus enemigos políticos, en especial el aprismo y fujmorismo, y habiendo modificado el sistema legal, sobre todo penal, desde el gobierno transitorio de Valentín Panigua, luego con Alejando Toledo (2001-2006)…
Y más aún en las administraciones de Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Francisco Sagasti (2020-2021), ahora resulta que los señores de la izquierda plástica se lamentan del fracaso de sus reformas.
En todo este periodo, es bueno recordar, que el único buen proyecto de reforma de justicia tuvo lugar con la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de la Administración de Justicia (Ceriajus), que realizó sus labores entre octubre 2004 y abril del 2005, principalmente cuando el finado Fausto Alvarado Dodero era congresista y ministro de Justicia.
Al margen de los expertos, en ese entonces jugaron un papel gravitante los doctores Hugo Sivina Hurtado, titular del Poder Judicial; Nelly Calderón Navarro, fiscal de la Nación; Juan Monroy Gálvez por el Tribunal Constitucional; Elcira Vásquez Cortés, de la Academia de la Magistratura; Baldo Kresalja Roselló, ministro de Justicia; Walter Albán, defensor del Pueblo, entre otros, bajo la secretaría técnica de Juan Jiménez Mayor.
¿Justicia independiente?
Como de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, según reza el viejo dicho, el trabajo de dicha comisión fue loable, aunque algunos objetivos sean grandilocuentes, como el de “refundar el sistema de justicia” y que esta sea independiente.
Como bien recuerda el jurista liberal Enrique Ghersi, las resoluciones y conclusiones del Ceriajus nunca se implementaron por lo que puede llamarse la primacía de un realismo político sobre los fueros jurídicos.
“¿Quién querría en el Perú un Poder Judicial independiente? Incluso un Poder Judicial como el de Estados Unidos sería peligroso en nuestro país. Todos hablan de justicia independiente, pero nadie lo practica”, advierte el letrado en declaraciones a este diario.
Después de haber metido políticamente las mano en los sucesivos gobiernos antes citados, a través del mismo Ejecutivo y de los congresos donde armaban mayorías pro oficialistas, ahora constatan que toda esa superestructura jurídica armada para dar rienda suelta a la narrativa caviar post Fujimori estalla en pedazos. Tal es el legado, por ejemplo, del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde.
Al extremo que ahora reclaman que la undécima reforma que plantean, mediante la convocatoria a un tribunal extraordinario que congregue a los mejores de la materia, hacen el planteamiento de que el actual Congreso de la República no debe “meter sus garras” en este debate.
Ante esta propuesta de vetar al Parlamento Nacional de la polémica que nos ocupa, Enrique Ghersi afirma que se trata de un gesto o un planteamiento antidemocrático. “El Congreso es indispensable en la reforma del Poder Judicial, sobre todo si constatamos que este problema no solamente es técnico sino político”, subraya.
Y en una rápida mirada retrospectiva, el coautor de “El otro Sendero” reseña que, aparte de la experiencia -al menos teórica del Ceriajus con obvia participación del Congreso a través del mismo Fausto Alvarado y Yohny Lescano-, el único planteamiento rescatable de reforma sustancial de la justicia ha sido el proyecto de ley de la Dra. Gladys Echaíz que plantea crear la Escuela Nacional de la Magistratura.
Una escuela que, siguiendo la experiencia de la Academia Diplomática, nadie debe ingresar de la noche a la mañana a la Judicatura ni al Ministerio Público, entidad futura que se encargaría de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales, claro que con evaluación cada cierto tiempo.
Como se sabe, este proyecto está para segunda votación en la actual legislatura, toda vez que su aprobación como Ley Orgánica requiere de reforma acusación constitucional para su aprobación.
En conclusión, ya se han hecho como veinte reformas, remiendos y tribunales de honor, pero la crisis se ha seguido acentuando en medio de escándalo como la defenestración de tres fiscales de la Nación en los últimos años y la politización creciente del Ministerio Público como se ha visto en el caso Lava Jato y la conducta de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.
“Y ahora salen con más de los mismo, con otros tribunales de honor”, ironiza Ghersi.
Nuevos actores políticos
La politización de la justicia, los nueve años que puede durar una investigación preliminar, la ausencia de cumplimiento de la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales, el hecho de haber focalizado en los partidos políticos la lucha contra el crimen organizado, dejando que el verdadero crimen en banda avance como es en la minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, extorsión masificada, trata de blancas, etc., hacen pensar en que el actual ordenamiento judicial y fiscal está agotado.
Al respecto, y desde una óptima política, el excongresista aprista José Luis Delgado Núñez del Arco considera que el actual sistema de justicia está efectivamente agotado y que el nuevo gobierno, lo primero que debe hacer es cambiar de raíz la actual politización que ya se está transformando en la ideologización de la justicia.
Delgado, quien fue el organizador del encuentro del centenario de la fundación del Apra en la Plaza de Acho el pasado mes de mayo, sostiene que en la actualidad “Fiscales y jueces suplen a los políticos y no hay duda que quieren el poder, al mejor estilo del Brasil con el juez Tomás Moro”, reflexiona.
Para llegar a esta situación “es obvio que se ha desnaturalizado las instituciones como la Fiscalía, junto con una gran número de jueces, que son los principales actores políticos del Perú de hoy”, asegura.
“Basta leer las portadas los diarios y los reportajes televisivos –con excepciones por cierto- para constatar que la agenda política no está marcada por los líderes de los partidos sino por jueces y fiscales, como los del caso Lava Jato y el referido a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Waldo Vásquez, que son levantados hasta el paroxismo por cierta prensa que es antipartidos”, añade.
“Esa judicialización de la política, y su eventual ideologización, en especial en la Fiscalía, como en los actos referidos al caso “Cocteles” y de la JNJ, más las continuas contiendas de competencia, es lo primero que debe corregir el nuevo gobierno”, reitera.
Por eso es que el fiscal de la Nación prefiere perseguir políticos que enfrentar el crimen organizado y los delitos comunes de la calle. Con mayor razón si los fondos públicos tienen un destino establecido, “pero vemos que hasta el uso del presupuesto se desnaturaliza sus fines”, señala el dirigente aprista.
Y es que está de por medio la inseguridad ciudadana, una inseguridad que proviene en gran medida de la ineficiencia o miedo de la Fiscalía y el Poder Judicial.
Para colmo de males, se trata de hacer creer, prosigue el también abogado, que el problema del orden público es exclusivamente responsabilidad de la Policía Nacional, por lo que se dedican a satanizar a la Policía.
Y como ya estamos entrando a la campaña electoral 2026, a muchas agrupaciones les convendrá atacar a la PNP que, por cierto, es parte del Ejecutivo, dando la impresión de que la Fiscalía y el Poder Judicial se presentarán ante la opinión pública como ajenos y extraños a cualquier responsabilidad por la inseguridad reinante.
No hay que olvidar que en realidad los principales responsables están entre jueces y fiscales, como se ha visto en la liberación permanente de delincuentes de toda laya.
El fin de la “república caviar”
José Ugaz y sus colegas de credo están como aquel último jefe de la tribu derrotada que recorre el campo de batalla y observa las cabañas incendiadas, los restos del pillaje y el saqueo, en este caso de un sistema judicial imaginario al que sus congéneres ideológicos han convertido en un chiquero. Y, por más que lancen voces atronadoras de salvataje, o el último veto al Congreso, no pueden transformar la nueva realidad y, para colmo, saben que sus días, los de la “república caviar,” sobre todo después de la pérdida del control del Tribunal Constitucional, están contados.
Los jurados del pueblo
Se afirma que en Argentina el presidente Javier Milei habría promulgado la instalacion de los jurados del pueblo. Y es que el poder de la justicia emana del soberano. Se trata de un sistema en que el juez solo impone la pena porque la culpabilidad o la inocencia lo decide el pueblo.
