𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊́𝙉: «𝙁𝙪𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙤𝙨»
Muñante le recordó que «toda dictadura empieza por perseguir y anular partidos políticos».
LA NOTA.
CRÍTICA DE RENOVACIÓN POPULAR
El senador Alejandro Muñante, vicepresidente del Senado, respondió a Zunini citando la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.° 02109-2024-PHC/TC, correspondiente al caso de Keiko Fujimori.
En su publicación, recordó que el TC ha señalado que:
👉Los partidos políticos son instituciones jurídico-políticas constitucionalmente relevantes, pero no ejercen directamente funciones públicas.
👉“Adscribir a un partido político un patrón delictivo” desnaturaliza su función democrática y constituye un exceso de los órganos persecutores.
👉Etiquetar a un partido como organización criminal puede terminar involucrando injustificadamente a todos sus militantes, electores y simpatizantes que nada tuvieron que ver con algún hecho delictivo cometido por un miembro o dirigente.
Sobre esa base, el senador cuestionó la propuesta de Zunini y advirtió que “toda dictadura empieza por perseguir y anular partidos políticos”. Cerró su mensaje con otra advertencia dirigida al diputado de Juntos Por el Perú. “Los aplausos de la tribuna a veces caen bien, pero cuidado con alimentar a la bestia”, finalizó.
PROYECTO DE LEY CUESTIONABLE
El 14 de agosto último, el diputado y vocero titular de Juntos Por el Perú, Ernesto Zunini, presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley 32054 y, tal como se lee en su título, «restablece la aplicación del régimen general de consecuencias accesorias y de responsabilidad de las personas jurídicas a las organizaciones políticas».
En su cuenta de X, Zunini mencionó que ningún partido «debe estar por encima de la ley». Añadió que cuando en campaña «ofrecimos desmontar el andamiaje legal de blindaje e impunidad, no exceptuamos a nadie, tampoco a los partidos políticos».
LEY 32054, PROTEGE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
La Ley 32054 fue aprobada por el Congreso y publicada el 10 de junio de 2024. La norma modificó el artículo 105 del Código Penal y estableció un tratamiento diferenciado para las organizaciones políticas frente a las consecuencias que podían imponerse a otras personas jurídicas por la comisión de delitos.
En concreto, la modificación excluyó a los partidos políticos de tres medidas contempladas en el artículo 105.
La reforma también precisó que “la responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito”, de modo que las personas involucradas en un delito podían responder penalmente de manera individual, mientras que los partidos quedaban sujetos al régimen sancionador previsto en la Ley de Organizaciones Políticas.
El proyecto presentado por Zunini plantea eliminar esta excepción y restablecer para las organizaciones políticas el régimen general de consecuencias accesorias y responsabilidad de las personas jurídicas.
