Orden de cerrar el Congreso fue obedecida por general Lozada y por algunos efectivos. Se consumó delito de rebelión, señala Fiscalía.
Redacción Expreso – expreso.com.pe
Al descubierto quedaron las mentiras de Pedro Castillo para salvarse de ser condenado por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El encarcelado decía que solamente había hecho una proclama política, y no había dado órdenes, pero un grupo de policías sí las ejecutó mediante acciones de fuerza, lo cual sustenta el pedido de 35 años de prisión por flagrante delito de rebelión.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, estos son el exjefe de la Región Policial Lima general Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el teniente PNP Eder Antonio Infanzón Chávez. La acusación contra ellos solicita que se les condene a 25 años.
Fue el teniente Infanzón quien inculpó a Lozada. Según su testimonio, se limitó a cumplir la orden de su superior, emitida luego del mediodía. Ya Castillo había ordenado cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y arrestar a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Por su parte, el suboficial Edwar Roldán Michue imputó directamente al comandante Venero, entonces jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP.
“Dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie al Congreso de la República”, señaló el efectivo de la PNP.
Ambas versiones coinciden con el registro de movimientos del personal en los alrededores de las cuadras tres y cuatro de la avenida Abancay, donde funciona la sede principal del Poder Legislativo.
Incluso señalan que les comunicaron que estas disposiciones eran del exministro del Interior Willy Huerta.
Para Huerta, la expremier Betssy Chávez y el extitular de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, el Ministerio Público también ha pedido un encarcelamiento de 25 años. Aníbal Torres Vásquez, a la sazón asesor del gobierno, tendría que pasar quince temporadas en una celda.
La acusación del fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay se presentó por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. En diciembre pasado, Uriel Terán había concluido la investigación, pero fue removido por el actual titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena.
Otros testimonios que demuestran que la “proclama” en realidad fue una orden de un presidente de la República a sus fuerzas del orden, los dieron varios legisladores. Ellos habían sido testigos y víctimas de cómo se les quiso impedir ejercer sus atribuciones constituconales.
El año pasado había trascendido que Adriana Tudela (Avanza País) y Vivian Olivos (Fuerza Popular) habían ratificado que varios miembros de la PNP les indicaban que no ingresen a sus despachos.
Esto fue anulado por coordinaciones de la Mesa Directiva con el entonces jefe de Estado Mayor PNP, Vicente Álvarez. Asimismo, la casi totalidad de custodios en Palacio Legislativo y en los alrededores manifestaba que no iban a acatar directivas que colisionaban contra la Constitución Política del Perú.
En su momento, el general Lozada negó haber cometido delito, asegurando que él solo había obedecido órdenes dictadas antes de que se realice el mensaje golpista.
“Antes del mensaje del expresidente Castillo, el exministro Willy Huerta me llama por teléfono y me dice si podría abrir las rejas que circundaban Palacio de Gobierno y le dije que no. Lo quería para que entren los simpatizantes o adeptos del Gobierno de ese momento. Fue antes del mensaje”, declaró en RPP.
