Según la tesis de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, esta red criminal habría capturado ilegalmente, entre 2014 y 2018, organismos clave del sistema electoral y judicial como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el objetivo de facilitar la inscripción fraudulenta del partido Podemos por el Progreso del Perú, hoy conocido como Podemos Perú.
El requerimiento señala que la organización habría operado en tres fases: influir en el nombramiento del jefe de la ONPE, copar puestos clave dentro del organismo y agilizar de manera irregular la inscripción del partido político que aún lidera.
LAS TRES FASES
La Fiscalía ha identificado tres momentos clave en la operación de esta organización criminal. El primero ocurrió cuando se evitó la ratificación del entonces jefe de la ONPE, Mariano Cucho, mediante pagos y beneficios económicos a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto permitió que se designara como jefe del organismo a Adolfo Castillo, presuntamente afín a los intereses de la red.
Con Castillo ya al frente de la ONPE, se procedió a colocar en cargos estratégicos a funcionarios cercanos a José Luna Gálvez y a la Universidad Telesup, lo cual les permitió ejercer control político interno sobre el organismo electoral.
La tercera fase consistió en la inscripción irregular y acelerada de Podemos. La Fiscalía sostiene que el proceso se llevó a cabo vulnerando principios de transparencia y legalidad, al obviarse controles sobre firmas y requisitos legales básicos.
Como parte de las medidas solicitadas, el Ministerio Público ha pedido impedimento de salida del país por 18 meses para 10 de los imputados, mientras avanza el proceso penal.
La acusación de la Fiscalía incluye delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Se ha solicitado prisión efectiva para todos los implicados, entre ellos José Luna Gálvez para quien se pide una condena de 22 años y 8 meses; y su hijo, el excongresista José Luna Morales, por 16 años y 4 meses.
También se han planteado penas para los exconsejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera, así como el exasesor José Cavassa.
También se solicita inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas económicas, incluyendo 500 UIT (S/2.7 millones) para la Universidad Telesup y 250 UIT (S/1.3 millones) para el partido Podemos Perú, señalados como personas jurídicas vinculadas a la red.
