Cambiaron las leyes a la medida de los intereses y pedidos de la constructora brasileña Odebecht.
Redacción Expreso – expreso.com.pe
Para el próximo lunes 11 de septiembre está fijado el inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y otros seis investigados que recibieron o tramitaron los 35 millones de dólares en sobornos de la empresa constructora Odebrecht a cambio de acceder a la licitación de la carretera Interoceánica Sur. Los presuntos delitos de colusión y lavado de activos los perseguirán toda su vida.
Desde que el expresidente pisó tierra peruana, el pasado 23 de abril, concluyendo el proceso de extradición de Estados Unidos, la prensa concentrada trató de hacer un mutis total y pretender que este personaje esté lo más lejos posible los reflectores políticos y mediáticos.
“Sabe mucho”, decían en las redacciones y en los círculos periodísticos.
Era y es Alejandro Toledo el personaje clave a quien nadie quiere tocar, con quien nadie quiere chocar, al que todos quieren desaparecer de este escenario engorroso en que ha entrado el caso Odebrecht en general y el caso de la Interoceánica Sur; tramos 2, 3 y 4, en particular.
Mientras en Brasil se apuran para desmontar las investigaciones, por ejemplo, descalificando las “contaminadas” pruebas de los servidores MyWebDay y Druosys, no será difícil para la justicia peruana continuar y sentenciar a partir de sólidos expedientes de donde se colige una sucesión de hechos que tienen entre sus páginas un pacto colusorio clave en un hotel de Copacabana, en Río de Janeiro.
Nos referimos a que en el ínterin de la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación del Grupo de Río, realizado en entre el 4 y 5 de noviembre de 2004 en Brasil, Alejandro Toledo tuvo una reunión, fuera de agenda de la cumbre, con Jorge Barata, superintendente de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú, en una suite presidencial del Hotel Marriot de Copacabana.
Toledo estaba flanqueado por su amigo, el empresario israelí Josef Maiman Rapaport y el entonces asesor presidencial en seguridad, Avraham Dan-On.
Fue en esa suite que Barata es informado de que debía efectuar un pago de US$ 35 millones a favor de Toledo Manrique para que su representada, Odebrecht, sea beneficiada con el Proyecto IIRSA Sur (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), esto porque las modificaciones legales y técnicas que se hacían en Lima, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso y en Proinversión, estaban direccionadas en tal sentido.
Los encargados de transmitir este pedido de “propina”, según el mismo Barata, fueron dos empleados de Maiman que lo habían acompañado al citado hotel: Gideón Weinstein y Saby Saylan. Los detalles de estas confesiones están en el Expediente Judicial N° 00016-2017-0 de la Carpeta Fiscal N° 02-2017 para el “Requerimiento de prisión preventiva a Alejandro Toledo Manrique” (*) y forma parte del Informe Final de la Comisión Lava Jato del Congreso.
Es de recordar que estos dos personajes no son desconocidos para la prensa especializada en el Perú. “Weinstein era vicepresidente del Grupo Merhav del mismo Maiman, mientras que Saylan era su representante en Latinoamérica, como en la offshore Ecoteva Consulting Gruop creada en Costa Rica, por laF suegra de Toledo, Eva Fernenbug”, detalló EXPRESO (12/11/2018).
Barata resume este pacto colusorio de esta forma: “El acuerdo con Alejandro Toledo es que solo pagaríamos si la empresa Odebrecht ganaba el proceso de selección; él [Toledo] se encargaría de que los plazos no se posterguen y modificaría las cláusulas de las bases de licitación para dificultar e impedir la participación de otras empresas”.
PAQUETE COMPLETO
Por este “trabajo” Toledo recibiría la suma de 35 millones de dólares, siendo entregados en ese entonces 20 millones porque el hoy reo en el penal de Barbadillo no cumplió con modificar algunos aspectos de las bases de la licitación.
El Informe Final de la Comisión Lava Jato aprobado por el Congreso de la República el 9 de noviembre de 2018 constata que Toledo y sus amigos planeaban negociar el paquete completo de los cinco tramos de la Interoceánica (1, 2, 3, 4 y 5) cuyo nombre técnico es Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.
Efectivamente, así sucedió. Aunque Odebrecht se quedaba con la “carne” del negocio, Toledo y sus compinches optaron por hacer participar a otras empresas, como Camargo Correa, en el tramo 5.
Acogido Maiman a la figura jurídica de la colaboración eficaz por los presuntos delitos de lavado de activos, declaró en una de sus confesiones los tratos para recepcionar los sobornos de Camargo y Correa por entre 4 y 5 millones de dólares, montos que Toledo había logrado concretar con Marcos de Moura Wanderley, quien había viajado en el mismo vuelo de Barata a Río de Janeiro, el 3 de noviembre de 2004 para las negociaciones por separado con Toledo sobre las Interoceánicas del Sur.
TRABAJOS PREVIOS
Antes y el mismo mes en que concretó el pacto en mención, Toledo y sus hombres, encabezados por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), adecuaban a todo dar, con fórceps o con exoneraciones, la legislación vigente para concretar los negociados en curso en favor principalmente de Odebrecht.
Tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde era titular Pedro Pablo Kuczynski, como en Proinversión, la primera barrera era la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) N° 27293 y su complemento, la Resolución Directoral N° 012-2002-EF-68.01.
Estas normas obligaban a que todo proyecto de inversión debería pasar por tres fases:
1) Preinversión, que tiene que ver con el perfil, la prefactibilidad y factibilidad.
2) Inversión, fase en que se presentan los expedientes técnicos con ingeniería de detalle para la ejecución de la obra.
3) Postinversión (mantenimiento y evaluación posterior).
Se mandaron a elaborar los estudios de preinversión e inversión con un consorcio formado por Alpha Consult, Serconsult y Conesupsa, pero ante la imposibilidad de hacer bien los estudios en poco tiempo, recurrieron a la promulgación de dos leyes nuevas: el decreto supremo 018-2004-MTC y la Ley N° 28214.
El citado decreto (del 2/04/2004) confirmaba el carácter prioritario del proyecto “Interconexión vial Iñapari- Puerto Marítimo del Sur” para articular e integrar el sur peruano y Brasil. Fue suscrito por el presidente Alejandro Toledo, Carlos Ferrero como titular del Consejo de Ministros y José Ortiz Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC).
CONGRESO SUMISO
El Congreso puso lo suyo con la aprobación de la Ley N° 28214 (30/04/2004) que declaró de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil. La norma fue rubricada por Henry Pease, presidente del Legislativo, y el primer vicepresidente Marciano Rengifo Ruiz, ambos ligados al toledismo.
Antes de su publicación, y aun siendo un proyecto en el Congreso, dicho dispositivo fue observado por los entes técnicos, sobre todo del MTC, tan es así que mediante el Informe N° 405-2004-MTC/08, la directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio, Dra. Kitty Trinidad Guerrero, sostuvo que no debería ser promulgado porque se estaría dando prioridad a “la ejecución de un proyecto que aún no cuenta con el sustento técnico económico necesario”.
La argumentación era sólida y en posición parecida estuvo el director general de Planificación y Presupuesto del MTC, Rafael Ferromeque Quiroz, quien en otro Informe N° 227-2004-MTC/9 advirtió que “se estaría priorizando y decidiendo la ejecución de un proyecto que aún no cuenta con el sustento técnico económico requerido según las normas legales vigentes”.
DE NADA VALIÓ …
De nada valieron las opiniones técnicas porque se escogió el esquema de la concesión entreguista al sector privado.
Es cuando un entusiasta Pedro Pablo Kuczynski que, como titular del MEF estaba a cargo de Proinversión, propició que esta agencia incorpore al proceso de promoción privada la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura de los proyectos interoceánicos de la IIRSA.
De esta forma se cerraba el marco general para dar pase al desarrollo específico de normas que estaban a la medida de las necesidades de las constructoras brasileñas Odebrecht en los tramos 2, 3 y 4, y en menor medida Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao en el tramo 4.
Este nuevo curso se formalizó con la Resolución Suprema N° 081-2003-EF publicada el 7 de marzo de 2003, que dio luz verde para la actuación directa de Proinversión, contra toda opinión que prevenga incluso de la Contraloría General de la República.
UNASUR Y DEMAGOGIA
La retórica integracionista, incluida la de Unasur del castro chavismo y del lulismo, era el manto ideológico con que había nacido este proyecto. Y con ese discurso “progresista” se validaba y legitimaba la concesión tramposa, en los dos lados de la frontera, aunque no faltaron visionarios que denunciaron en todo momento esta adecuación ilegal de la normativa peruana de las contrataciones del Estado a intereses, ahora comprobadamente corruptos.
Entre ellos estaba este diario, que denunció este latrocinio en la temprana pluma del desaparecido colega Víctor Rado Cáceres, que en paz descanse.
RUTA NADA NUEVA
No obstante las prisas para elaborar los estudios, hay que recordar que antes de entregarlas en concesión ya existía la famosa carretera ahora llamada Interoceánica “en la condición de asfaltada y no asfaltada. Tenía 1,514.36 kilómetros no asfaltados en los tramos 1 y 5, y 1,071 kilómetros no asfaltados en los tramos 2, 3 y 4, como informó este diario, dejando en claro que la ruta no era totalmente nueva como se hacía creer a la ciudadanía.
OTRA DEL CONGRESO
La Ley Nº 28670 promulgada por el Congreso el 26 de enero de 2006, permitió blindar las responsabilidades de los altos funcionarios que intervinieron en la etapa precontractual y para garantizar la continuidad del proyecto. Esta norma firmada por Marcial Ayaipoma, titular el Congreso, y Gilberto Díaz Peralta, segundo vicepresidente, y refrenda por Alejandro Toledo y PPK, presidente y premier, respectivamente, recortó la facultad de la Contraloría General de la República de realizar los exámenes de control.
RAFAEL REY
Para que todos los cambios legales sucedieran se contó con el apoyo incondicional de la prensa concentrada.
También el apoyo incondicional del Congreso, con la sola excepción de Rafael Rey, que se abstuvo en la votación de la Ley N° 28214.
