- La corrupción de los negocios de los laboratorios, Organismos Internacionales, la FDA de EE. UU. para imponer a las naciones compra de vacunas, pediátricas y de adultos, así como stokeo y almacenamientos innecesarios.
- Por un lado, se imponen vacunas que producen efectos secundarios según expertos de salud, y por otra se compran y no las usan, porque no son de garantía para la salud.
- Se van conociendo cada vez más.
- Se ha destinado 22.4 millones de dólares en comprar medicinas que nunca se usaron en realidad.
- Esta Ministra es una más.
Rosa Gutiérrez, en medio de derroche y corrupción: gestión pierde S/ 100 millones en vacunas
Al descubierto sobrestock por COVID-19 y mala distribución en Minsa. Apuran inoculación a niños ante posible pérdida de biovalentes.
LA NOTICIA
Dos nuevos escándalos sacuden la gestión de Rosa Gutiérrez en el Ministerio de Salud. Por un lado, se reveló la falta de sustento técnico para comprar millones de vacunas contra la covid que caducaron, mientras que se tuvo que anular una licitación por sospecha de favorecimiento a un proveedor.
Gracias a que exigió información pública con la Ley de Transparencia, el investigador estadístico Gianfranco Rossi recabó documentos que prueban el desperdicio de un porcentaje de los frascos multidosis, en Direcciones de Salud.
Bajo el término “factor pérdida” la DIRIS Lima Centro dejó de aplicar 1’376,558 dosis para adultos. Además, el 83.8% de pediátricas marca Moderna Pediátrica se desperdiciaron.
“Desde febrero de 2022 se permitió perder el 50% del frasco en zonas urbanas y el 70% en zonas rurales y brigadas móviles de vacunación”, se refiere.
En Lima Este, se aplicó el “factor pérdida” a 554,993 dosis. Todos estos datos fueron ocultados por el Minsa cuando Gutiérrez ya era ministra.
Rossi alerta que muchos de los datos oficiales no están consolidados (carecen de precisiones sobre fechas, lugares, tipo de población inoculada, etc.). Sin embargo, un consolidado solo de estas DIRIS arroja un derroche de 22.4 millones de dólares en comprar medicinas que nunca se usaron en realidad.
Al cambio, daba S/83 millones desperdiciados. Con lo proyectado para otras zonas, el cálculo sobrepasa los cien millones de soles.
La mayoría de contratos de vacunas contra las primeras variantes fueron hechos con Pfizer durante los gobiernos de Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Cabe indicar que, para el 2022, la Organización Mundial de la Salud señalaba que la aparición de ómicron dejaba desactualizados este tipo de productos.
Sin embargo, se insistió al punto que se mantuvieron restricciones a la libertad para obligar a que los adultos se apliquen al menos tres dosis. Recién en la segunda mitad del 2022 se impulsó la llegada de bivalentes.
DOSIS YA NO SIRVEN
En noviembre llegó el primer lote de este (552,960 vacunas), pero se mantuvo oculto durante semanas. Incluso la entonces ministra de Salud, Kelly Portalatino, denunció que los funcionarios “técnicos” no se lo habían informado.
Pero el estadístico Rossi ya había encontrado que el Perú estaba comprometido a pagar 13 millones de dosis de la vacuna bivalente a inicios del 2023. En este punto, hubo un nuevo “sobrestock” que se unía al de las desfasadas.
Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), era necesario contar con las dosis completas para gozar del refuerzo de la bivalente. Es así que el Minsa -ya con Gutiérrez- lanza una campaña para que solo se aplique a quienes tengan tres o cuatro dosis.
“La FDA consideraba dosis completa a dos dosis de monovalente. Nunca se debió pedir tres o más dosis como requisito. Eso solo hacía que los vulnerables siguieran vulnerables más tiempo”, señaló Portalatino.
Es en este punto que el especialista en salud pública Omar Neyra advierte que se han acortado demasiado los plazos entre cada dosis, lo cual aumenta la posibilidad de efectos secundarios.
“¿Por qué acelerar las dosis para jóvenes y niños que no son población vulnerable? Ellos tienen más riesgo de enfermarse por otras enfermedades, o incluso por efectos adversos”, cuestiona.
LLUVIA DE MILLONES
Según estudios preliminares, los cuales toman en cuenta el contagio descontrolado durante el gobierno de Martín Vizcarra, el especialista calcula que un 98% de la población se infectó de SARS-CoV 2, y desarrolló inmunidad natural a la enfermedad grave y la muerte. Esto equivale a unos 32 millones de personas, aunque las cifras oficiales solo informan de unos cinco millones.
El 5 de junio, repentinamente, el Minsa anunció que los adolescentes ya no necesitarían la tercera dosis como requisito para la bivalente. Esto también se aplicará para adultos entre 18 y 59 años la próxima semana.
Pero no contaban con que se filtraría un informe de la Contraloría de la República. En marzo se detectó que 345 mil de estas dosis no estaban siendo bien almacenadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares), y que podrían perderse (cadena de frío).
Ante ello, con la misma rapidez con la cual el Gobierno había cambiado de criterio “técnico” para inocular a menores de edad, se dio una solución aparente al tema.
En un comunicado, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) indicó que “se ha verificado que la temperatura con la que se conservaron las vacunas en todo momento han estado dentro de los márgenes establecidos en las especificaciones técnicas por el fabricante y titular del registro sanitario, es decir entre -60 y -70 grados centígrados, razón por la que se ha dispuesto el levantamiento de la inmovilización general”.
“Vergonzoso e irresponsable sería levantar la inmovilización de 345 mil dosis solo con un comunicado por parte de la Digemid. ¿Y el informe técnico que garantice seguridad y eficacia? El expediente sigue en proceso, no terminó. ¿Acaso hay presión de altas esferas para tapar este escándalo?”, acotó Neyra.
