El titular de ese sector, Vicente Romero, afirma que su portafolio espera información solicitada al Ministerio Público.
Redacción Diario Correo – diariocorreo.pe
Una semana después de presentada la denuncia constitucional por el caso “ascensos irregulares”, que involucra a la Policía Nacional, al Ejército y a la Fuerza Aérea; el Ejecutivo se pronunció, finalmente, mediante el titular del Interior, Vicente Romero.
La mañana de ayer, el ministro refirió que su portafolio permanece a la espera de recibir información solicitada a la Fiscalía. Agregó que, tras recibirla, se adoptarían medidas que involucrarían a los generales PNP supuestamente beneficiados.
Aunque ayer se esperaba alguna información al respecto, no hubo novedades.
El caso, sin embargo, no es nuevo. Las denuncias de presuntas interferencias al interior de la Policía datan de finales de 2021. Han trascurrido al menos siete meses desde el inicio de la gestión de Romero Fernández, tiempo en el que no se abordó el tema frente a la prensa.
EL CASO
Las diligencias ya en curso comprenden al golpista expresidente Pedro Castillo y a su exministro de Defensa Walter Ayala. De acuerdo con la tesis fiscal, el exmandatario tenía interés en colocar a sus allegados en las citadas entidades, puntualmente en la PNP.
Serían 10 los altos oficiales, de acuerdo con el Ministerio Público, los que se beneficiaron con las indebidas promociones en la Policía.
Se trataría de los entonces coroneles Manuel Rivera López, Freddy del Carpio León, Enrique Goycochea Chunga, Eginardo Pérez Chávez, Edward Espinoza López, Nicasio Zapata Súclupe, Rodolfo Villanueva Nole y Max García Esquivel.
En la relación también están los ahora generales Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas, actuales jefes policiales de las regiones Lima y Callao, respectivamente.
En la denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, se reúnen más de 100 elementos de convicción, entre ellos conversaciones de Whatsapp entre involucrados, declaraciones de tres colaboradores eficaces (03, 04 y 05-2022 EFICCOP), el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, entre otros indicios.
El exgobernante Castillo Terrones, recluido en el penal Barbadillo con dos órdenes de prisión preventiva, enfrenta los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. Ayala, mientras tanto, es sindicado como autor de los supuestos de organización criminal, abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
De acuerdo con el ministro Vicente Romero, “si hay pruebas e indicios necesarios (de alguna falta), la misma Policía captura(rá) (a los presuntos beneficiados) y (los) pone a disposición del Poder Judicial”.
“Vamos a tomar una decisión cuando tengamos ya la respuesta del Ministerio Público, sobre todo de los generales que han sido, justamente, comentados en los diferentes medios (de comunicación)”, manifestó ayer.
Precisó que se observará puntualmente el caso de los actuales jefes policiales de Lima y Callao, involucrados también en el caso.
Agregó que se adoptará una decisión final” una vez que su sector reciba el informe, del Ministerio Público “para ver a qué nivel están comprometidos los dos generales en estas investigaciones y tomar decisiones”.
“Aquellos policías que juraron por el país y por la patria, y no cumplieron, sin duda se van, dan un paso al costado. (…) La Policía no alberga a aquellas personas que cometen ilícitos”, resaltó.
