Investigar hasta las últimas consecuencias y destituir a los policías que se prestaron a una falsedad para aparentar que luchan contra la criminalidad.
El Ministerio del Interior no dice nada y el Congreso debe exigir vía exhortación a la Defensoría del Pueblo para que se ocupen de coordinar con la fiscalía y el Poder Judicial para que liberen ya a estos jóvenes y den tranquilidad a los agraviados y reciban las navidades con sus familias.
