Nueve legisladores de la lampa presentan proyecto de ley para restituir la inmunidad parlamentaria, lo que representa el 60% de la bancada, entre ellos cinco involucrados en el caso Los Niños, promueven esta la iniciativa.
Redacción Diario Correo – diariocorreo.pe
Quedó así establecido que el congresista que incurra en delito común en el ejercicio de su mandato pierde la prerrogativa del antejuicio y será procesado por la Corte Suprema.
Repentinamente, dicha norma no es del agrado de nueve legisladores de la bancada de Acción Popular, los cuales acaban de presentar el proyecto de ley 5652/2023-CR para intentar restablecer la ley eliminada de la Constitución.
NUEVE PROMOTORES
Según los nueve firmantes del proyecto, la iniciativa tiene propósitos altruistas: “fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República”.
“La siguiente ley tiene por objeto reformar la Constitución Política del Perú modificando el Art. 93 para restablecer la inmunidad parlamentaria”, anuncian los que la suscriben.
En este caso no es un proyecto multipartidario sino exclusivamente de Acción Popular, una bancada con 15 escaños en el Congreso.
Es decir, el 60% de los integrantes de dicha bancada respaldan con sus firmas la pretensión de restablecer la inmunidad parlamentaria.
A saber: Wilson Soto, Jorge Flores Ancachi, José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori y Luis Aragón (reciente candidato a la presidencia del Congreso).
¿QUIENES FIRMAN EL PROYECTO DE LEY?
El autor de la iniciativa es el congresista por Huancavelica Wilson Soto, implicado en la carpeta Fiscal N° 204-2022 mejor conocida como el caso “Los Niños”, parlamentarios bajo sospecha de vender sus votos a Pedro Castillo a cambio de beneficios materiales diversos.
Como coautores del proyecto figuran Edwin Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi y Juan Carlos Mori, implicados en la misma carpeta del Ministerio Público.
Otros acciopopulistas, José Arriola, Silvia Monteza, Carlos Alva y Luis Aragón respaldaron el proyecto.
Cabe precisar que la actual norma garantiza el antejuicio político para acusaciones vinculados con la labor legislativa.
