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¿IMPLICANCIA PARA EL CASO HUMALA?

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Como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata ya no van a hablar, debido a prohibiciones de justicia brasileña, en Perú se caerán los procesos por lavado de activos y aportes de campaña.


Redacción Expreso – expreso.com.pe


La Corte Suprema del Brasil ha dado un golpe letal al caso Lava Jato peruano al establecer que todas las pruebas que se usaron para acusar al expresidente Ollanta Humala obtenidas de los servidores de la constructora Odebrecht (MyWebDay y Drousys) son ilegales, con lo cual se podría caer no solo el caso de los aportes de campaña de 2011, sino influiría en la investigación del Gasoducto del Sur, por el que son investigados Humala y su esposa Nadine Heredia, entre otros casos.

Y es que para el juez supremo José Antonio Dias Toffoli no solo es imposible concluir que la información “contaminada” de los citados sistemas no es válido en su país, sino que prohíbe expresamente a sus connacionales su uso en los procesos judiciales en curso, lo que favorece a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora Odebrecht, y al ex superintendente de esta firma en el Perú, Jorge Barata, testigos principales y actores de los sobornos en las campañas electorales pasadas.

En el Perú se ha venido afirmando que las pruebas no proceden del Brasil o de los sistemas electrónicos Drousys y MyWebDay, sino de la cooperación suiza, pero Dias Toffoli lo niega porque la defensa de Lula da Silva habría logrado demostrar que los archivos fueron obtenidos de Odebrecht y no extraídos de los servidores que estaban en Suiza.

Es más, que el servidor Drousys fue manipulado y adulterado “antes, durante y después de su bloqueo por parte de las autoridades suizas”, con el añadido de que el 13° Tribunal Federal de Curitiba resolvió que se había violado o manoseado la cadena de custodia de los archivos de Odebrecht.

Esto de la “manipulación” de la información se basa en información difundida por el diario Folha de São Paulo, que sostiene que un experto que analizó los documentos presentados por Odebrecht ante la fiscalía federal descubrió marcas de montaje e inconsistencias en las fechas de las transacciones y en las firmas, amén de la manipulación de datos de un banco que Odebrecht compró en el Caribe (Meinl Bank).

De forma que estas decisiones controvertidas de la justicia brasileña restan fuerza a la posición del Equipo Especial peruano, encabezado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que están esperanzados en la audiencia del próximo 4 de septiembre, para interrogar a Marcelo Odebrecht, no obstante que tiene prohibiciones de declarar sobre el particular.

CAE MORO Y TRIUNFA LULA

Reconstruyamos este tema en el vecino país para tener una idea clara de lo que sucederá en el Perú: ahora se puede decir que la partida de defunción del caso Lava Jato –el lavado de activos para ser más precisos– se empezó a redactar cuando una sala del Tribunal Supremo Federal (STF), así se llama en este país la Corte Suprema, emitió sentencia inapelable contra Sergio Moro, el juez que lideró la lucha anticorrupción en Brasil.

Era un martes 23 de marzo de 2021. El mes anterior, el 1 de febrero de 2021, la Fuerza de Tarea de Curitiba, que era en grande lo que en el Perú es el Equipo Especial de Rafael Vela y José Domingo Pérez en pequeño, había sido desactivada, no por méritos de las constructoras corruptas implicadas en la operación Lava Jato, sino por deméritos de Moro y sus fiscales adictos que habían desnaturalizado la investigación anticorrupción más grande de la historia de América Latina, privilegiando solo las delaciones premiadas y la carcelería.

¿Qué había pasado? Que Moro y la Fuerza de Tarea habían caído en descrédito por la filtración, en 2019, de un audio que delataba las conversaciones entre el mismo juez Sergio Moro, símbolo del equipo, y el fiscal coordinador de la operación, Deltan Dallagnol, donde el primero direccionaba y politizaba las investigaciones, incluido de Luis Inácio Lula da Silva, quien estaba preso por corrupción y lavado de dinero.

“La [operación] Lava Jato está con los días contados”, declaró en esos días Manoel Galdino, director ejecutivo de la ONG Transparencia Brasil, a BBC Mundo.

Esta y otras opiniones similares eran más que predecibles porque –mientras se judicializaba el escándalo de los audios Moro-Dallagnol–, la contraofensiva de Lula, del Partido de los Trabajadores, tuvo su primer triunfo con la libertad del mismo Lula (08/11/2019) en una sala del STF.

La mayoría de magistrados de la Sala llegó a la conclusión de que Moro no fue imparcial en el juicio a Lula en Curitiba, donde además no tenía competencia jurídica, y que había violado derechos del expresidente como la grabación secreta de conversaciones con sus abogados, con el añadido de filtrarlo a la prensa, como era una praxis común en Brasil y profusamente copiado en el Perú para beneficio de la ONG IDL y Gustavo Gorriti.

Luego vino una segunda sentencia del juez supremo Nelson Fachín, del 8 de marzo de 2021, que liberaba a Lula da Silva de sus juicios, cuatro en especial, como las donaciones ilegales en su favor realizadas por Odebrecht y otras constructoras implicadas en Lava Jato.

De forma que el camino estaba trazado por quien había gobernado Brasil entre 2003 y 2011 para coronar esta contraofensiva en el terreno político. Eso se concretó el 29 de octubre de 2022 cuando Lula gana en forma ajustada las elecciones en Brasil a su contendiente Jair Bolsonaro (50.90% versus 49.10%).

Si este era el nuevo curso de los acontecimientos, ¿en qué cabeza podría calzar la idea de que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata declararían en un caso como el de los aportes de campaña que directamente incriminaba al presidente en funciones Lula da Silva, porque fue él quien ordenó el apoyo del pago de coimas a la dupla Humala-Heredia en 2011 posibilitando el triunfo del candidato nacionalista?

FIASCO EN SAO PAULO

Todos recordamos que el último tramo de esta saga empezó cuando Marcelo Odebrecht estaba citado a declarar en octubre del año pasado en Brasil ante los fiscales peruanos, cuando ya Lula estaba gobernando y revirtiendo el sonado caso que implicó a Latinoamérica, Estados Unidos y África.

Era un asunto clave para Vela y Pérez, incluido Germán Suárez Atoche, quien tiene a su cargo el expediente de los aportes de campaña, porque Don Marcelo tenía que confirmar su versión de entrega de 3 millones de dólares al líder del partido nacionalista en la antesala de las elecciones de 2011, por encargo –reiteramos– del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero todo fue un fiasco, como veremos.

¿Pero qué habría de pasar? Ya con Lula de vuelta al Palacio de Planalto, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata fueron convocados por la fiscalía peruana a ratificar sus versiones en el primer juicio oral del caso Odebrecht sobre los consabidos 3 millones de dólares.

La esperada audiencia debía realizarse entre el 3 y 4 de noviembre del año pasado. Y no hubo audiencia. Y es que Odebrecht presentó con antelación un pedido a la Procuraduría General de Brasil para que suspenda la cooperación jurídica con las autoridades del Perú.

Por tercera vez los abogados de Odebrecht (ahora Novonor) pateaban el tablero con sus quejas ante la Procuraduría (Fiscalía) de su país solicitando la suspensión de la citada cooperación.

Cinco días antes del inicio del juicio oral, la opinión pública supo oficialmente la gran verdad: que el 3 de noviembre el ex CEO de la constructora Odebrecht no participaría y el día 4 tampoco asistiría Barata, por orden judicial.

Es decir, los más altos ejecutivos de la llamada constructora del delito saboteaban el esperado inicio del juicio a Humala y Heredia porque de ninguna forma declararían contra Lula da Silva que ya estaba en plan de desmontaje desde la cúspide del poder.

Los cándidos fiscales peruanos esperaban de los dos delincuentes confesos la ratificación de sus versiones preliminares cuando detallaron la entrega de los 3 millones de dólares a través de Nadine Heredia en un departamento miraflorino de su consorte.

FACTOR HAMILTON CASTRO

Hagamos un paréntesis. El primer jefe del equipo especial Lava Jato, Hamilton Castro, nombrado a fines de 2016, debe estar leyendo pasmado todo lo que viene del Brasil, al recordar que fue él quien consiguió primero la confesión del soborno de los consabidos 3 millones de dólares como parte de un acuerdo de colaboración al que arribó con Barata, información que le entregó a Juárez Atoche, de la Fiscalía de Lavado de Activos. La noticia trascendió a la prensa en febrero de 2017.

En el periodo de Hamilton Castro hubo avances, como la audiencia del 15 de mayo de 2017, encabezado precisamente por Juárez Atoche, con presencia de otro fiscal superior, Alonso Peña Cabrera, quien era jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial del Ministerio Público. Allí Don Marcelo confirmó las delaciones de Barata y algo más. Admitió que ese tipo de pagos a autoridades peruanas se sucedieron entre los años 2005 –léase Alejandro Toledo– y 2014.

Luego, el 8 de febrero de 2018 Jorge Barata diversificó el menú, siempre con Castro como jefe, confesando a los fiscales peruanos en audiencia judicial en Sao Paulo, Brasil, que entregó dinero para las campañas electorales del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y también para la campaña del expresidente Alan García, quien gobernó entre 2006 y 2011.

Hamilton Castro fue defenestrado en julio de 2018. Mientras este magistrado prefería llevar los procesos del exterior sobre la base de la legalidad peruana, sin que las diligencias se realicen con los protocolos de la ley del vecino país, en cambio el nuevo jefe, Rafael Vela, nombrado el 23 de julio de 2018 por el nuevo fiscal de la Nación Pedro Chávarry, prefería seguir el formato legal de la Procuraduría General brasileña.

Retrotraídos a este punto de la historia, es una verdad material y jurídica que el programa mínimo y el programa máximo del nuevo equipo lavajatista fue la obtención del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht del 8 de octubre de 2018, en coordinación con la Procuraduría Ad Hoc del mismo caso que sería suscrito formalmente cuatro meses después.

Allí está establecido que Odebrecht entregará –sin restricciones– información y documentación sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles. Esto a partir de los cuatro proyectos ya conocidos.

“CONOCER LA VERDAD”

La insultante reparación civil fue propuesta por la Procuraduría Ad Hoc en S/ 610 millones pagaderos en 15 años. Y como la prensa adicta al acuerdo colaboracionista sostenía que mucho mejor que una buena indemnización era “conocer la verdad”, y eso se reflejaba en el acuerdo, todas las esperanzas de los buscadores de la “verdad” fueron puestas en los sistemas MyWebDay y Drousys. Craso error.

Obvio que los fiscales y su prensa “caviar” pensaban que con esa información clave redondearían las declaraciones –se supone en los juicios orales– de Barata, Marcelo Odebrecht y otros exejecutivos de la empresa del mismo nombre acogidos a la delación premiada en Brasil.

Pero, entre otras, les dejaron algunas trampas en el acuerdo, como el compromiso de la fiscalía peruana a no utilizar las pruebas entregadas por Odebrecht y sus funcionarios para nuevas acciones penales en su contra, que incluía obviamente procesos arbitrales, como los que se vendrían después en el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una entidad del Banco Mundial, donde el Perú está a punto de perder US$ 2,000 millones por culpa de Rafael Vela.

En resumen, no tenemos ni “la verdad” prometida de los servidores MyWebDay y Drousys, porque hasta de los codinomes se ha olvidado Barata, ni indemnización aceptable, porque esta se puede evaporar si los angelitos brasileños ganan en el CIADI. (Continuará).

GLAS ESPINEL

El fallo del juez brasileño Dias Toffoli que favorece a Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia se da con posterioridad al retorno de Lula al poder. Pero esos fallos sobre las supuestas pruebas “contaminadas” de los servidores MyWebDay y Drousys no solo fueron usados por la llamada “pareja presidencial” sino por el ecuatoriano Jorge Glas Espinel, quien fue vicepresidente del Ecuador (2013-2018) cuando Rafael Correa era jefe de Estado.

¿JUEZ LULISTA?

Si el lulismo criticaba al juez Sergio Moro y sus fiscales por haber politizado la justicia de su país, todo indica que hacía algo parecido con su apparátchik en la judicatura brasileña. Esto porque Dias Toffoli había llegado a la Corte Suprema en 2009 a propuesta de Lula da Silva, quien era presidente.

“Su relación con el entonces mandatario ya era antigua, pues había sido abogado del Partido de los Trabajadores (PT) en las campañas electorales de 1998, 2002 y 2006, en las que Lula fue candidato, y, además, había trabajado como asesor jurídico de esa formación en la Cámara de Diputados entre 1995 y 2000”, además de haber sido asesor jurídico del Ministerio de la Presidencia y titular de la Abogacía General del Estado, en ambos casos nombrado también por Lula, reseñó Efe (08/8/2018).