¿Por qué el Congreso rechazó sanciones contra jueces y fiscales que liberan a delincuentes capturados en flagrancia? Esto es lo que se sabe: La propuesta no alcanzó los votos requeridos.
Redacción Expreso
El Congreso de la República rechazó el dictamen presentado por la Comisión de Defensa que buscaba sancionar a jueces y fiscales que autoricen la liberación de delincuentes capturados en flagrancia.
La propuesta, que no logró el respaldo necesario, obtuvo 60 votos a favor, 19 en contra y una abstención, quedando archivada luego de su segunda votación el 31 de octubre.
La iniciativa legislativa pretendía tipificar como falta grave o muy grave que fiscales y jueces dispongan la libertad de personas detenidas en flagrancia por la Policía Nacional del Perú (PNP) o en arresto ciudadano cuando los delitos ameriten penas superiores a cinco años de prisión.
Además, el proyecto incluía sanciones para aquellos fiscales que omitan pruebas en la solicitud de prisión preventiva, facilitando así la decisión de jueces que consideren infundada la medida.
Para Adriana Tudela, congresista de Avanza País, el archivo de este dictamen representa una pérdida en la lucha contra el crimen. Por ello, solicitó reconsiderar la votación de los proyectos de ley N.° 8507 y N.° 8959, los cuales también buscaban modificar leyes vigentes como la Ley de la Carrera Fiscal y el Código Penal para mejorar la administración de justicia.
La propuesta de la parlamentaria surge luego de que la iniciativa tuviera una primera aprobación con 86 votos a favor el pasado 11 de octubre, lo que generó expectativas de cambios significativos en la legislación penal del país. Sin embargo, el dictamen fue archivado en la segunda votación, lo cual detiene temporalmente cualquier avance en su implementación.
Vale precisar que los proyectos legislativos también contemplaban penalizar el acto de proporcionar información reservada por parte de los fiscales.
La tipificación de estos delitos habría reforzado los mecanismos de control y vigilancia en el sistema de justicia, una medida que, para sus promotores, apuntaba a reducir la impunidad y fortalecer el rol de los operadores judiciales en casos de flagrancia.
