Redacción panampost.com
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció este domingo la llegada a su país de 238 miembros del Tren de Aragua y 23 de las MS-13 (Mara Salvatrucha), organizaciones criminales que nacieron en Venezuela y El Salvador, respectivamente. Esto como parte de un acuerdo con el Gobierno estadounidense de Donald Trump de recibir pandilleros deportados para recluirlos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para más de 40.000 presidiarios inaugurada hace poco más de dos años. El detalle está en que un juez federal en Estados Unidos había mandado a bloquear este sábado la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la Casa Blanca para ejecutar sin previa audiencia estos traslados, pero tanto los gobiernos de Washington como de San Salvador hicieron caso omiso e incluso se burlaron de la orden judicial.
“Oopsie… Too late (ups, demasiado tarde)”, escribió Bukele en su cuenta de X usando además un emoticón riéndose para reaccionar a la noticia publicada por el New York Post titulada: “Juez federal ordena que vuelos de deportación con presuntos pandilleros venezolanos regresen a EEUU e impide a Trump invocar la Ley de Enemigos Extranjeros”. Compartiendo el sentimiento de burla, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, republicó en su cuenta en X el sarcástico mensaje de Bukele, luego de agradecer al mandatario salvadoreño por su “ayuda y amistad”.
Orden judicial burlada
Nayib Bukele celebró en sus redes sociales que el acuerdo por un año con el Gobierno de Trump, el cual es renovable, permitirá a Estados Unidos pagar un monto muy bajo por los reclusos mientras el beneficio para El Salvador será alto, dado que “con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa ‘Ocio Cero’, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”.
El juez principal del tribunal federal de distrito en Washington D. C., James Boasberg, había emitido este sábado un fallo urgente mediante el cual bloqueaba temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones, ordenando que “cualquier avión que contenga a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos”. La medida había sido emitida inicialmente para frenar la deportación de cinco venezolanos y pocas horas después amplió el veto para extenderlo a todos los no ciudadanos a los que se les pudiera aplicar la mencionada ley de 1798, la cual solo se había implementado en tres oportunidades: durante la guerra de 1812 y durante las Primera y Segunda Guerra Mundial.
¿Guerra o invasión?
Esta ley es muy cuestionada por organizaciones humanitarias por considerar que permite “abusos de poder”, dado que solo se ha invocado en tiempos de guerra y habilita al Gobierno estadounidense para detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa, basándose únicamente en el país de origen de los sospechosos. De hecho, la última vez que se invocó fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y deportar japoneses, en muchos casos con ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump aclara que la Ley de Enemigos Extranjeros no solo se puede invocar en caso de guerra, lo cual tendría que ser declarado así por el Congreso, sino también cuando un gobierno extranjero lleva a cabo una invasión contra territorio estadounidense. Por ese motivo, en la orden ejecutiva de este sábado se afirma que la organización criminal Tren de Aragua “está llevando a cabo acciones hostiles y una guerra contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección clandestina o de otro tipo del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela”, justificando así la invocación frente a una “invasión en curso” contra EEUU por parte de un régimen extranjero.
