Cuanto más tiempo se mantenga en el cargo la fiscal de la Nación, más burradas cometerá por orden de IDL.
Por denuncias particulares sin pies ni cabeza inicia indagaciones, pero para Gorriti e IDL todas las denuncias que tiene ni siquiera se procesan.
LA NOTA:
Ayer no fue un buen día para la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Una nueva tormenta política se posó sobre ella tras conocerse en la víspera, que había iniciado investigaciones preliminares a dos partidos políticos: Fuerza Popular y País Para Todos.
DEL OTRO LADO. Las reacciones en contra no se limitaron, no obstante, al afectado partido Fuerza Popular y se trasladaron a otros espectros políticos e ideológicos.
Un normalmente opositor político del fujimorismo, el penalista César Azabache, cuestionó así la medida: “Expreso usualmente mi respaldo a las fiscalías. Pero si esto es cierto sería intolerable”. Agregó que “comenzando el proceso electoral no se puede abrir un procedimiento formal contra una de las agrupaciones más fuertes de la contienda por el simple pedido de una persona. No es admisible, sea cual sea esa agrupación afectada por esto. Si fuera cierto, esta decisión debe rectificarse de inmediato”.
También se sumó a los cuestionamientos la Asociación Civil Transparencia.
“La decisión de la Fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular, resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”, expresaron públicamente.
De igual modo, el partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, se pronunció con contundencia.
Así, señaló que la acción fiscal representaría una “utilización política” de la facultad de investigar de Espinoza.
“Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantiene en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin”, demandó.
Enseguida, expresó su “firme convicción y defensa al Estado de derecho, al sistema democrático de gobierno y el respeto irrestricto al derecho constitucional de todos los peruanos de elegir y ser elegidos”.
“El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación”, aseveró.
La medida fiscal obligó también a la reacción del otro afectado, el comediante Carlos Álvarez, líder de País Para Todos.
“Es una denuncia totalmente fuera de lugar, por varios puntos. Primero, dice que yo, como candidato presidencial, he emitido una opinión antidemocrática. Para comenzar, yo no soy candidato presidencial. Yo solo soy afiliado al partido País para Todos”, refirió.
“Es bastante extraño, bastante raro que quieran tacharme, siendo afiliado y no candidato presidencial. Eso se verá en las elecciones internas en noviembre. ¿A qué viene esta acusación? ¿A qué viene esta denuncia?”, se preguntó.
Uno de los puntos de la denuncia contra Álvarez es su postura a favor de la pena de muerte.
Ante ello, recordó que emitió una opinión a favor de la pena de muerte cuando una niña de tres años había sido violada varias veces en Chiclayo. “Entonces, él (el denunciante) dice que yo estoy por la violencia, el odio. Es totalmente falso cuando estamos hablando de una criatura”, dijo en RPP
