USAN JUECES REMOTOS PARA QUE LE AMPAREN SUS PEDIDOS PARA SEGUIR OPERANDO PESE A ESTAR SUSPENDIDOS
LA NOTICIA:
Ministra de Vivienda lamentó que aún continúen las “prácticas mafiosas” de acudir a juzgados remotos. CRTG y consorcio integrado por CTCEG presentan recursos en juzgados de Apurímac y Loreto para protegerse de suspensión.
REDACCIÓN PERÚ21
Dos empresas chinas se aferran a seguir ganando licitaciones, pese los cuestionamientos. China Railway Tunnel Group Co. Sucursal del Perú (CRTG) interpuso y obtuvo, en un juzgado de Apurímac, una medida cautelar que suspendió una sanción gracias a la cual podía seguir contratando con el Estado y asegurarse un millonario contrato con el Ministerio de Transportes; y el consorcio Piura y Castilla —conformado por la empresa China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Sucursal del Perú (CTCEG) y la empresa peruana JPC Ingenieros SAC— presentó una acción de amparo en un juzgado de Loreto, para frenar la cancelación de un reciente procedimiento de selección en el que obtuvo la buena pro del Ministerio de Vivienda.
El Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) informó ayer, a través de un comunicado, que el 27 de abril de 2023, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones (TCE), mediante la resolución N.° 2003-2023-TCE-S3, “sancionó” a la empresa CRTG —que está mencionada en la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por el caso ‘Los Niños’—por el periodo de 36 meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, “por haber presentado documentación falsa y/o inexacta”.
Sin embargo, CRTG presentó “un recurso de reconsideración” a esa resolución en la primera semana de mayo. Paralelamente, CRTG —que está comprendida en las pesquisas de la comisión investigadora de empresas chinas presidida por el congresista Héctor Valer— interpuso una medida cautelar en el Primer Juzgado Civil de Abancay, a cargo de Miguel Alberto Chilet Chilet, para evitar ser suspendida de seguir contratando.
“De esta manera, con la precitada medida cautelar, el Primer Juzgado Civil de Abancay, no solo ha suspendido el procedimiento administrativo en curso, sino que además, se ha suspendido la sanción impuesta por el TCE, en el marco de sus competencias”, indica el comunicado del OSCE.
Como se recuerda, Perú21 reveló que, el 18 de mayo, CRTG firmó un contrato de 323,9 millones de soles con Provías Nacional por el servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio de un corredor vial del trayecto Ayacucho-Huancavelica. Cuando se le consultó a la titular del MTC, Paola Lazarte, si se suspendería este contrato a raíz de la investigación que encargó a la Oficina de Control Institucional (OCI) del MTC, indicó que se seguiría el “debido proceso”.
Sin embargo, no es la única empresa china que ha recurrido a esas medidas legales en juzgados de provincias para seguir contratando con el Estado.
JUECES DE PROVINCIAS
El último martes, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, dijo que el consorcio Piura y Castilla obtuvo, el 16 de febrero de este año, la buena pro de un proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en asentamientos humanos de Piura, por el monto de 561,7 millones de soles.
El 30 de marzo, el Ministerio de Vivienda declaró la nulidad del procedimiento de selección. Y, el 13 de abril, el consorcio interpuso ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) el recurso de apelación en contra de “la declaratoria de la nulidad de oficio”. Hasta la fecha, el TCE no ha resuelto esa apelación.
EL PODER JUDICIAL DEBE ESTABLECER UNA DIRECTIVA JURISDICCIONAL PARA IMPEDIR ABUSOS DE INTERPOSICIONES DE RECURSOS DE AMPARO EN JUZGADOS REMOTOS CON COMPLICIDADES DE MAGISTRADOS CORRUPTOS
Pérez de Cuéllar dijo que el consorcio —en el que está la empresa china CTCEG— interpuso una acción de amparo en un juzgado de Requena, Loreto, y señaló que lamenta que “continúen las prácticas mafiosas, que utilizan acciones de amparo interpuestas en juzgados remotos, para obligarnos a suscribir el contrato”. Reveló además que el comité de selección a cargo fue designado en la gestión del exministro Geiner Alvarado, que se encuentra mencionado en la acusación constitucional contra Pedro Castillo, y el caso ‘Los Niños’. Agregó que ese comité ya fue removido.
