No existe esa figura constitucional, porque cada organismo es autónomo. Lo que debe producirse es una sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, no hay otra.
Redacción www.expreso.com.pe | (Entrevista resumen)
Ernesto Blume, ¿cuál considera que el origen de la actual crisis político-judicial?
Desde mi perspectiva, la crisis política o judicial que atraviesa el país responde al accionar de los enemigos del Estado Constitucional que han perdido el poder político por su ineptitud e incompetencia, y que buscan recuperarlo tomando control de estas instituciones sin importar el daño que le causan a la nación. En otras palabras, esta crisis pone de manifiesto que, ante la pérdida del poder político por parte de sectores radicales, de izquierda, de grupos progresistas y de los “caviares” que les sirven de soporte intelectual, estos grupos buscan recuperarlo infiltrándose en las instituciones, influenciándolas y tratando de generar caos. Esta es, a mi juicio, la génesis de la situación actual.
En ese sentido, ¿la crisis actual amerita que el sistema de justicia sea declarado en emergencia?
No existe la figura constitucional de la declaración de emergencia para estas instituciones. De acuerdo al diseño constitucional, estas instituciones gozan de autonomía e independencia, y cuentan con mecanismos internos para solucionar sus propios problemas. Por lo tanto, lo que corresponde es, en efecto, denunciar, desenmascarar y señalar a los responsables cuando se observen situaciones irregulares, exigiendo las sanciones correspondientes.
Es importante destacar que la Constitución no contempla, en este momento, ninguna figura que permita declarar en reorganización a estas instituciones, salvo que se realice una reforma constitucional. Declararlas en reorganización significaría afectar su autonomía e independencia, principios fundamentales establecidos en la Constitución como garantía institucional para su preservación.
Entiendo, pero usted, Ernesto Blume, menciona la palabra reforma. ¿Cree que el Congreso debería liderar esta reforma propiamente dicha?
Cabría evaluar si la reforma constitucional es la solución adecuada en este caso. A mi juicio, el problema radica más en las personas que ocupan cargos en estas instituciones que en la normativa en sí. Considero que es fundamental denunciar a quienes se prestan a la manipulación política, siguiendo los canales correspondientes. Si se trata de altos funcionarios, la denuncia debe presentarse ante el Congreso de la República, quien tiene la potestad de tomar las medidas necesarias para corregir la situación, incluyendo la remoción de aquellos que no estén cumpliendo con sus funciones de manera adecuada.
En el caso de funcionarios de menor jerarquía, si no gozan de fuero, las denuncias deben presentarse ante el órgano de control institucional o ante la Junta Nacional de Justicia. Es fundamental exigir mayor rigor y celo en el desempeño de las funciones públicas, pero siempre con el objetivo de preservar la institucionalidad como valor fundamental. No debemos caer en el juego de los sectores extremistas que buscan generar enfrentamientos políticos para desacreditar a quienes no comparten sus ideas. Debemos actuar con cautela y responsabilidad.
