Tanto el fiscal Raúl Martínez a cargo de la investigación contra Corvetto, como el juez Chuyo Zavaleta han dilatado el asunto del fraude permitiendo que desaparezcan huellas, informaciones y algunos aparatos de cómputos usados en el escenario del crimen electoral.
El gobierno tomó parte de ello, porque el propósito es posicionar nuevamente a la izquierda y desplazar el avance de la derecha política.
El presidente del JNE tumba al jefe de la ONPE, pero al mismo tiempo retrocede al continuar el mismo esquema fraudulento usado por este y convalida todo el proceso fraudulento al denegar las elecciones complementarias.
Su debilidad le va a traer más problemas y afectará a su persona por no haber sido más firme en solucionar un proceso que hiere de muerte a la democracia y amplía la desconfianza de las autoridades del JNE.
