Los dos sacerdotes afectados por esta prohibición son Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco en la iglesia Nuestro Señor de los Milagros, de la diócesis de León y Chinandega en el noroeste de Nicaragua, y William Mora, párroco en la iglesia Cristo Rey, de la diócesis de Siuna en la región del Caribe norte.
Redacción Infocatólica – infocatolica.com
La dictadura de Nicaragua ha tomado la decisión de denegar la entrada al territorio a dos sacerdotes que previamente habían viajado a Portugal con el propósito de participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un evento que tuvo lugar la semana pasada en Lisboa. Estos hechos han sido resaltados por Martha Patricia Molina, una investigadora nicaragüense exiliada, quien ha dado a conocer esta situación el día de ayer, 12 de agosto.
Los dos sacerdotes afectados por esta prohibición son Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco en la iglesia Nuestro Señor de los Milagros, de la diócesis de León y Chinandega en el noroeste de Nicaragua, y William Mora, párroco en la iglesia Cristo Rey, de la diócesis de Siuna en la región del Caribe norte, precisó la investigadora, quien también fue la autora del estudio llamado «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», el cual aborda la situación de los religiosos en el país centroamericano.
De acuerdo a sus declaraciones, al momento de regresar el día de ayer, se les negó la entrada al país por parte del régimen.
La comunidad católica de la parroquia que lideraba Zamora Calderón «se encuentra consternada con la noticia, porque era un cura dinámico y muy cercano a su pueblo». «Fue por mucho tiempo responsable de Cáritas León (obligada a cerrar) y tesorero de la diócesis de León y Chinandega», dijo Molina.
Respecto al padre William Mora, él laboraba en la pastoral juvenil de la diócesis de Siuna y, según relata Molina, «tenía una vida pastoral activa en su comunidad, que ahora pregunta qué será de ellos sin su pastor».
Hasta el momento, las autoridades de Nicaragua no han emitido comentarios en relación con esta denuncia, lo cual es una respuesta habitual por parte del gobierno ante este tipo de situaciones.
En los últimos años, las autoridades nicaragüenses han intensificado sus acciones de persecución en contra de la disidencia política y también han dirigido su atención hacia la Iglesia Católica, especialmente después de las protestas opositoras ocurridas en 2018.
Esta situación se ha manifestado en el cierre de instituciones religiosas, la suspensión de relaciones diplomáticas y la expulsión y detención de sacerdotes, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien desde su reclusión se ha convertido en un importante símbolo de la represión en el país.
Martha Patricia Molina sostiene que la expulsión, destierro y exilio de religiosos es una táctica que forma parte de la estrategia de persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
