El aberrante proyecto de ley es una amenaza al periodismo, en el fondo es una venganza de aventureros políticos contra la prensa, el primer poder de los pueblos libres; es un claro mensaje contra los que ejercemos el periodismo y desnudamos las miserias que se realizan en el Congreso de la República.
Redacción Expreso – expreso.com.pe
Segundo Toribio Montalvo Cubas es congresista de Perú Libre, representante de Amazonas y quien logró una curul con apenas 5,268 votos, con educación superior inconclusa y con una experiencia laboral de sonidista y chofer de mototaxi, sumado a ello aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas por los presuntos delitos de robo, usurpación y otros, según El Comercio.
Pero eso no es todo. El legislador tiene, por lo menos, cinco papeletas y el medio Ojo Público informó que la hoja de vida del entonces candidato al Congreso registraba una sentencia del Juzgado Civil Mixto de Utcubamba que declaraba fundada una demanda contra él y sus tres hermanos por presuntos maltratos psicológicos en agravio de su señor padre Toribio Montalvo Jilca.
A fines de mayo, el congresista Montalvo, autor de la denominada ‘Ley mordaza‘, insultó a un grupo de periodistas que lo siguió en una de sus actividades en su semana de representación durante una audiencia pública en el local del Gobierno Regional de Amazonas; a la salida del evento, el singular parlamentario de Perú Libre arremetió contra los periodistas que le consultaron sobre su producción legislativa a favor de Amazonas y las acciones de fiscalización que viene realizando en la región.
Ante esta situación, lanzó calificativos contra los hombres de prensa, a quienes insultó y tildó de “chantajistas y mermeleros” mientras abandonaba el local regional.
Previamente, Montalvo evitó que se le siga entrevistando dentro del auditorio del Gobierno Regional de Amazonas y hasta empujó la cámara de uno de los hombres de prensa, tal como se difundió en una transmisión del portal Utcubamba Comunica.
Cabe indicar que, en una entrevista a Canal N del 15 de mayo de este año, Montalvo aseguró que su iniciativa legislativa, que busca aumentar las penas de cárcel por difamación en medios de comunicación y redes sociales, no representa una venganza contra la prensa por las revelaciones de los casos de los parlamentarios que recortaron el sueldo de sus propios empleados.
“Esta ley ha sido presentada en agosto del año pasado. No tiene nada que ver con los congresistas mochasueldos (…) Está demostrado que no es una ley mordaza. Esta ley beneficia a todos los peruanos. Vamos a cuidar el honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar”, argumentó. Al final el proyecto de ley no prosperó y terminó en el tacho de basura.
Montalvo reincidente
El 20 de diciembre último, habiendo concluido la Legislatura Ordinaria el 15, Montalvo vuelve a presentar otro proyecto de ley de su “autoría” y teniendo como coautores a Margot Palacios Huamán, Flavio Cruz Mamani, Américo Gonza Castillo, Waldemar Cerrón Rojas y María Antonieta Agüero Gutiérrez, que plantea incrementar la pena por el delito de difamación, solo seis meses después de que el pleno del Congreso de la República rechazara una iniciativa con el mismo propósito, conocida como ‘Ley mordaza’.
El mamotreto plantea modificar el artículo 132 del Código Penal para que la difamación sea sancionada hasta con cinco años de cárcel si se comete “por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social”. Actualmente, ese delito se condena hasta con tres años de prisión, de aprobarse la propuesta, el delito de difamación podría ser sancionado con cárcel efectiva en lugar de prisión suspendida.
La iniciativa también propone modificar la ley sobre el derecho a la rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en los medios de comunicación social. Donde señalan que la rectificación tendrá que darse hasta el día siguiente de recibida la solicitud, en lugar del plazo actual de siete días. Además, deberán rectificar durante tres días consecutivos o de manera interdiaria si la persona afectada lo solicita.
El aberrante proyecto de ley es una amenaza al periodismo, en el fondo es una venganza de aventureros políticos contra la prensa, el primer poder de los pueblos libres; es un claro mensaje contra los que ejercemos el periodismo y desnudamos las miserias que se realizan en el Congreso de la República.
En la exposición de motivos señalan: “La presente iniciativa legislativa, se propone con la finalidad de actualizar la norma penal adecuándola a la realidad actual, teniendo en cuenta que en la actualidad se viene proliferando la difamación en todos los medios de comunicación, redes sociales y sitios web de divulgación masiva y que; como resultado de esta se vea perjudicado los derechos fundamentales al honor, la buena reputación y la intimidad de la persona y que, como resultado de esta, se vea perjudicado los derechos fundamentales del individuo y la familia, protegidos constitucionalmente por el ordenamiento jurídico, como el honor, la buena reputación, la integridad moral, la intimidad y la imagen personal” (?).
Casi en simultáneo, el Bloque Magisterial presentó un proyecto de ley que plantea penalizar la difusión de información secreta, como las declaraciones que dan los aspirantes a la colaboración eficaz.
La iniciativa propone tipificar “el delito de revelación y difusión de información clasificada por ley como reservada, secreta o confidencial en una investigación y proceso penal”. Para ello, plantea modificar el artículo 409 del Código Penal.
El autor de la propuesta es el congresista Segundo Quiroz y los coautores son Óscar Zea, Elizabeth Medina, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Lucinda Vásquez.
Los proyectos de ley de Perú Libre y el Bloque Magisterial serán evaluados a nivel de comisiones. Estas pueden sesionar de manera extraordinaria durante el receso parlamentario. Si las iniciativas prosperan, llegarán al pleno del Congreso de la República a partir de marzo del próximo año.
Corolario
El Código de Ética Periodística es muy claro, en el artículo 9: “El periodista está obligado a: inciso a) La intimidad, párrafo segundo: Quién tiene cargo público no está exceptuado de ser objeto del legítimo derecho a la información y de crítica, de parte de la prensa, si con su conducta pone en riesgo o desprestigia sus deberes de función”.
Estamos convencidos del valor de la libertad de prensa en todas sus formas en que se le considere y cualquiera sea el medio empleado, su práctica responsable es una de las mayores garantías para el Estado de derecho, la democracia, la justicia social, la paz y los derechos humanos; es ético por lo tanto mantener su propia convicción, lo contrario es inmoral y atenta contra el prestigio propio y profesional. Las creencias y criterios se fundamentan en principios superiores.
La forma y el contenido de la opinión, en cualquiera de sus expresiones e intensidades, han de corresponder al debido acatamiento de principios y valores, así como a la dignidad del ser humano, cuya jerarquía natural y social está en la cúspide de todo lo creado.
