LA NOTA
De acuerdo con diversos especialistas, la crisis del gas natural que afecta al país tras la ruptura en uno de los ductos de Camisea cuesta US$ 200 millones por día, sin racionar. Es decir, en 14 días el costo sería de US$ 2800 millones.
Y hacer el ducto paralelo (100 Km) de Gas y Líquidos costaba menos de US$ 2000 millones.
Es necesario señalar que uno de los principales culpables de esta situación del GNV es la SNMPE, debido a que ha hecho lobby político en favor de los gaseros impidiendo cualquier iniciativa energética, descuidando su propia redundancia y haciendo que todos los peruanos paguen por su angurria.
Entre las razones se encuentra el lobby contra la Tarifa Única Nacional de gas natural.
Actualmente, el gas en Lima es barato porque hay ductos, pero en provincias es caro porque se lleva en camiones (gasoductos virtuales).
La SNMPE ha presionado para que cualquier intento de nivelar las tarifas (hacer que Lima pague un poco más para que el resto del Perú pague mucho menos) sea bloqueado, argumentando la «ruptura de contratos». Esto ha confinado el éxito del GNV solo a Lima, dejando al resto del país desabastecido y a merced de los precios internacionales de la gasolina.
DESCUIDO CRÍTICO
Un país con seguridad energética no depende de un solo tubo. El hecho de que una ruptura en el ducto de Camisea (TGP) deje a todo el país sin GNV es una negligencia estratégica.
Como gremio que agrupa a las operadoras, la SNMPE ha priorizado la maximización de utilidades a corto plazo en lugar de invertir o exigir al Estado la construcción de un segundo ducto o de plantas de licuefacción de respaldo (redundancia).
Al no haber redundancia, cualquier incidente técnico se convierte en una crisis nacional. El gremio prefiere que el sistema opere al límite de su capacidad porque eso reduce sus costos de inversión, aunque el riesgo lo asuma el consumidor final.
FAVORITISMO
La SNMPE ha impulsado un modelo donde el gas se vende por «segmentos».
La estrategia es priorizar el gas para exportación y para las grandes industrias eléctricas, dejando al GNV (transporte público y taxis) en el último escalón de prioridad logística cuando hay emergencias.
Durante la reciente crisis, hemos visto cómo el gas disponible se raciona, afectando primero al transportista humilde mientras los grandes contratos industriales intentan mantenerse a flote. Este lobby impide que el GNV sea declarado un servicio esencial con prioridad absoluta sobre la exportación.
