DEFINITIVAMENTE LA CORRUPCIÓN E IDL DE GORRITI ESTÁN UNIDOS PARA DESTRUIR EL PAÍS SIN QUE EL GOBIERNO TENGA REACCIÓN ALGUNA
CON UN PREMIER INEPTO DONDE LE RESBALA TODO QUE NO SEA BENEFICIO ECONÓMICO Y RECONOCIMIENTOS, COMO TODO DESEO DE LA «COFRADÍA NEGRA», MANEJA UN SEGMENTO PROPIO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
LA NOTA
El congresista Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular, responsabilizó a la “mafia caviar” por no acatar las resoluciones emitidas por el Congreso de la República y por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el contexto del caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En el curso de una rueda de prensa, el legislador denunció que este grupo actúa con desprecio por la legalidad y atenta contra la institucionalidad del país.
“El Congreso y la JNJ han tomado decisiones claras, pero la mafia caviar no las respeta”, declaró Rospigliosi, al referirse a las recientes controversias por la reposición de Benavides.
En ese marco, el parlamentario consideró que estos actores operan al margen de la Constitución y manipulan las instituciones a conveniencia.
Además, arremetió contra el gobierno por lo que calificó como una inacción cómplice. “El gobierno es tan débil que permite que los atrincherados sigan manejando todo como si nada”, sostuvo.
Según su análisis, el Ejecutivo se mantiene indiferente frente a la crisis en el Ministerio Público, lo cual, a su juicio, agrava el conflicto de poderes.
Rospigliosi también cuestionó la actitud de la Junta de Fiscales Supremos, a la que acusó de ignorar las decisiones del Legislativo.
Recordó que Zoraida Ávalos fue inhabilitada por el Congreso por 10 años, pero señaló que ese órgano del Ministerio Público continúa favoreciendo a su entorno. “Ni siquiera han respetado esa resolución”, insistió.
En esa línea, el congresista recordó que existe una acusación constitucional pendiente desde octubre del año pasado contra la Junta de Fiscales Supremos, e instó a que se reactive.
A pesar de reconocer que actualmente no se cuenta con los votos suficientes para su aprobación, exigió una respuesta política más firme del Parlamento.
“El Congreso no puede emitir resoluciones para que luego no se cumplan”, enfatizó, y agregó que el Legislativo tiene la obligación de hacer respetar el orden constitucional, aunque eso implique enfrentarse a sectores con poder dentro del sistema judicial.
Antes de culminar, Rospigliosi reiteró su llamado a tomar medidas contra quienes, desde su perspectiva, desacatan el marco legal y bloquean la ejecución de decisiones institucionales. “No hay otra opción que barrer con ellos del sistema”, dijo.
