Congresistas de diversas bancadas endurecieron sus posiciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y exigieron sanciones concretas tras los incidentes registrados durante la jornada electoral del 12 de abril.
En el Congreso, varios legisladores solicitaron su salida del cargo antes de una eventual segunda vuelta e incluso plantearon su inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de hasta 10 años.
Desde la bancada de Alianza para el Progreso, el congresista Jorge Marticorena cuestionó los retrasos en la entrega de material electoral que impidieron la instalación de mesas de sufragio en distintos puntos de Lima.
Según los datos expuestos por el propio titular de la ONPE, 13 locales no lograron instalar mesas: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y tres en Pachacámac. En total, 211 mesas no se habilitaron, lo que afectó a 52,251 electores.
Debido a los impases, se tuvo que extender las elecciones hasta este 13 de abril.
Tras la presentación de Corvetto ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el 14 de abril, Marticorena sostuvo que el funcionario no ofrece garantías para un nuevo proceso electoral.
“Ahorita, por los hechos que se están dando, ya no ofrece garantía para la segunda vuelta. Así ayer lo he escuchado, estaba atento a todo lo que he señalado, decir que han sido errores, realmente se ha jugado (…) ahorita exige ya un cambio, digamos, para la segunda vuelta”, afirmó.
En ese contexto, este 13 de abril, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia inició de oficio una investigación preliminar contra Corvetto por los hechos ocurridos durante la jornada electoral.
La entidad recibió diversas denuncias ciudadanas relacionadas con estos incidentes, las cuales incorporó al proceso en curso.
Este procedimiento podría derivar en una suspensión del cargo mientras se desarrollan las indagaciones.
