Según estadísticas oficiales de la policía, más de 6.000 filipinos fueron asesinados en la «guerra contra las drogas» de Duterte. Grupos de derechos humanos en Filipinas sostienen que la cifra real supera las 30.000 víctimas, y muchos niños estuvieron entre los asesinados.
Redacción Amnistía Internacional | DW
El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció este viernes (14.03.2025), por videoconferencia, a su primera audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por presuntos crímenes contra la humanidad en su guerra al narcotráfico. El exmandatario, de 79 años, que esta semana fue detenido y enviado a Países Bajos, apareció en una breve audiencia, en la que se le informó de los crímenes que se le imputan y de sus derechos como acusado.
Ante la noticia de la primera comparecencia del expresidente filipino Rodrigo Duterte prevista ante la Corte Penal Internacional, la investigadora de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático Rachel Chhoa-Howard ha manifestado:
“La comparecencia de Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional es una escena que las familias de las miles de víctimas de la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas temían no llegar a ver. Hoy se demuestra que a los acusados de cometer los peores delitos puede llegarles el día de comparecer ante un tribunal, independientemente del cargo que ostenten.”
”La misma institución de la que el expresidente Duterte hizo burlas lo juzgará ahora por asesinato como crimen contra la humanidad. Estamos ante un momento simbólico y un día de esperanza para las familias de las víctimas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que durante años han luchado incansablemente por la justicia a pesar de los graves riesgos que corrían sus vidas y su seguridad.”
“El Tribunal debe garantizar que este proceso se desarrolla con total transparencia, también para las personas que lo siguen en Filipinas. Asimismo, debe garantizar que las víctimas, los testigos y sus familiares y representantes reciben pleno apoyo y protección y pueden participar efectivamente en el proceso.”
“La rendición de cuentas no debe detenerse aquí: el gobierno filipino debe reincorporarse a la CPI y cooperar plenamente con el tribunal en la causa. También debe iniciar sus propias investigaciones, pendientes desde hace mucho tiempo, y, cuando haya pruebas, garantizar encausamientos y juicios justos para todos los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, independientemente de su rango o posición.”
Plenamente consciente
El abogado consideró que la extradición se realizó «de forma coordinada por adelantado”, como parte de lo que llamó un «ajuste de cuentas políticas” en Filipinas. Asimismo, aseguró que después de su aterrizaje en Países Bajos el pasado miércoles, Duterte fue trasladado a un hospital, y denunció que no fue hasta este viernes por la mañana, horas antes de la audiencia, cuando se le permitió reunirse con él «menos de una hora”, por lo que no «tuvo tiempo de sentarse” con su cliente para explicarle el contenido de la orden de arresto.
Durante la audiencia, el hombre que dirigió Filipinas entre 2016 y 2022 parecía dormir en algunos momentos. La corte le recordó que el médico del tribunal opina que «es plenamente consciente y apto mentalmente». La jueza fijó el 22 de septiembre como fecha para la siguiente fase del proceso, una vista en la que se confirmarán los cargos.
En la orden de arresto emitida el 7 de marzo, los jueces sostienen que «existen motivos razonables” para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. El crimen fue parte de un ataque «tanto generalizado como sistemático”. Según estadísticas oficiales de la policía, más de 6.000 filipinos fueron asesinados en la «guerra contra las drogas» de Duterte. Grupos de derechos humanos en Filipinas sostienen que la cifra real supera las 30.000 víctimas, y muchos niños estuvieron entre los asesinados.
