SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES LO DECLARA IMPROCEDENTE.
Redacción Expreso
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra 11 congresistas que votaron a favor de la ley que permite a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional recibir tanto pensión como remuneración del Estado.
Con 13 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se archivó la denuncia contra Williams Zapata (Avanza País), Jorge Montoya Manrique y José Cueto Aservi (Honor y Democracia), Roberto Chiabra León (APP) y Alfredo Azurín (Somos Perú).
Asimismo, se incluyó en la denuncia a los congresistas Hamlet Echevarría Rodríguez y Américo Gonza Castillo (Perú Libre); Patricia Juárez (Fuerza Popular); Juan Carlos Lizarzaburu (APP); Pedro Martínez Talavera (Acción Popular) y Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial).
Así, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia contra los legisladores, quienes fueron acusados por Espinoza como presuntos autores del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
“Como se observa, según la misma fundamentación realizada por el Ministerio Público, para la configuración del delito de negociación incompatible es necesaria la realización de actos indebidos y que exista la intención dolosa de realizarlos. Ambos elementos no se cumplen, ya que no se percibe ninguna conducta ni acto indebido por parte de los congresistas denunciados, quienes han actuado en el ejercicio de su función legislativa”, indica el informe de calificación de la denuncia.
El documento añade que resulta llamativo que una norma aprobada por la mayoría de votos de la representación nacional pueda significar, para algunos legisladores, la comisión de un delito y, para otros que apoyaron su aprobación, no.
