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ABRIRÍAN PROCESO PENAL CONTRA LA PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, MARÍA CARUAJULCA

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𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊́𝙉: «𝙁𝙪𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙤𝙨»
La solicitud al Fiscal de la Nación lo realizó el fiscal supremo Juan Carlos Villena para procesar penalmente a la procuradora por presunta aceptación ilegal del cargo y omisión de consignar declaraciones, alternativamente falsa declaración en procedimiento administrativo.

LA NOTA.

Según el informe 1-2026-MP-FN-FSEDCFP al que accedió Infobae, se le imputa a Caruajulca Quispe haber presentado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una declaración jurada en la que habría omitido deliberadamente consignar que tenía un proceso penal pendiente en agravio del Estado, dato que estaba obligada a declarar conforme lo establece el decreto legislativo que creó la Procuraduría General del Estado. Sin ese requisito estaba impedida de asumir el cargo de procuradora general.

La Fiscalía remarca que la propia declaración jurada que María Caruajulca presentó incluía una nota bajo juramento donde reconocía estar sujeta a sanciones penales en caso de falsedad. Para el fiscal, esto prueba que conocía con precisión el requisito que estaba incumpliendo.

Según la Fiscalía, pese a conocer el impedimento legal, Caruajulca aceptó y asumió el cargo de procuradora general del Estado, hecho que se materializó con la Resolución Suprema N.° 042-2022-JUS. Luego, al ser repuesta en el cargo por mandato del Poder Judicial, la investigada seguía sabiendo que no cumplía con el requisito legal, lo que configuraría un “doble dolo” en su accionar.

Caruajulca le huye a la Fiscalía
Según consta en el documento, María Caruajulca no rindió su declaración indagatoria ante la Fiscalía Suprema durante la investigación preliminar.

Se programó su declaración para el 9 de junio, pero no acudió. Ese mismo día presentó un escrito solicitando la reprogramación de su declaración. Se fijó su indagatoria para el 26 de ese mismo mes, pero tampoco acudió.

De acuerdo con el documento, Caruajulca pidió reprogramar diligencias ya que tenía que “atender asuntos institucionales”, pero no acreditó dicha afirmación con ningún sustento documental.