POLÍTICOS, FUNCIONARIOS, FISCALES Y JUECES Y ASÍ ENGAÑAN AL PUEBLO MIENTRAS LOS ZURDOS SE LLENAN DE PLATA.
Muerte de José Miguel Castro queda sin aclararse porque fiscal no revisó celular
𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊́𝙉: «𝙁𝙪𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙤𝙨»
Inaudito. Catherine Rodríguez Cabrera, de la Fiscalía de Miraflores, concluyó que deceso de hombre de confianza de Susana Villarán no fue homicidio. Solo consideró evidencias que apuntaran al suicidio y no intervino dispositivo móvil para advertir si recibió mensajes o llamadas amenazantes.
¿Lo mataron? José Miguel Castro fue mano derecha de Susana Villarán durante su gestión de alcaldesa de Lima.
Alvaro Reyes
La muerte de José Miguel Castro hace año y medio merecía una investigación amplia y seria del Ministerio Público. El largo y profundo corte en el cuello que exhibía el cuerpo del exfuncionario villaranista apuntaba, según distintos expertos, a un macabro crimen.
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Investigado confirmó desde Miami que un abogado le aseguró tener llegada a equipo Lava Jato para cerrar su colaboración eficaz y que lo ayudaría a cambio de US$1 millón. Además, dijo que nunca contrató a ese letrado pese a que estuvo presente en diligencia que lideró fiscal Germán Juárez.
Alvaro Reyes
El domingo 29 de junio de 2025, Castro Gutiérrez fue hallado sin vida en el baño de su vivienda en Miraflores. Su padre, el exdiputado de izquierda Julio Castro, encontró sus restos pasadas las 9:00 a.m.
Castro, que tenía 44 años de edad, estaba en posición boca arriba, tirado sobre el suelo. Su ropa estaba manchada casi por completo con la sangre que derramó.
A su alrededor, había dos cuchillos: uno largo de cocina y el otro pequeño de tipo serrucho.
Y a sus pies, justo en el umbral de la puerta, el objeto clave que debía dar respuestas sobre el trágico desenlace: su celular.
Su deceso conmocionó al país. No solo por la forma; también por lo que representaba para uno de los más grandes casos de corrupción de la trama Lava Jato.
Se trataba del hombre de más confianza de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y ya había reconocido ante la justicia que coordinó los aportes millonarios de las empresas OAS y Odebrecht para financiar las campañas políticas de su jefa.
Por la gravedad de los hechos, ambos fueron a prisión preventiva en 2019 y salieron un año después, en medio de la pandemia del COVID-19, aunque el economista lo hizo como aspirante a colaborador eficaz; optó por esa figura legal al encontrarse acorralado por las pruebas.
En su declaración del 27 de noviembre de 2020, el exservidor público relató las reuniones que mantuvo en 2014 con el presidente de OAS, Leo Pinheiro, para acordar la entrega de dinero que terminó sirviendo para las actividades de reelección de Villarán.
“Castro Gutiérrez contestó que necesitaría entre 3 y 4 millones de dólares; tengo conocimiento de que este dinero ilícito se pagó en su totalidad”, se lee en su manifestación como delator.
En total, según la acusación fiscal, Villarán recibió US$11 millones para solventar su campaña por el No a la revocatoria (2013) y la de reelección (2014).
El testimonio sería crucial en el juicio; era la prueba contundente e irrefutable, pero su vida terminó tres meses antes de que le tocara hablar ante los tribunales.
Fiscal no quiso abrir celular
Lo que quedaba ahora era que la Fiscalía investigara cómo murió José Miguel Castro. Un episodio traumático como este debía ser aclarado para el proceso penal contra Villarán, y más aún para los familiares.
Toda diligencia era necesaria. El informe de necropsia de Medicina Legal arrojó que la herida en el cuello tenía 27 centímetros de longitud con una profundidad de 4.5 centímetros.
