Poder Judicial abre juicio contra Roberto Sánchez por caso de financiamiento político
Investigación fiscal apunta a presuntas omisiones en reportes financieros entregados a organismos electorales.
Redacción Expreso
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que el proceso seguido contra Roberto Sánchez Palomino continúe hacia la etapa de juicio oral, luego de declarar válida la relación jurídica procesal existente en el caso.
La decisión fue formalizada mediante un auto de enjuiciamiento emitido por el juez Adolfo Farfán.
El dirigente político afronta una investigación por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información vinculada a los aportes reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La acusación está relacionada con documentación presentada durante el año 2019 respecto al financiamiento de la agrupación política que lidera.
Según la tesis desarrollada por el Ministerio Público, los informes contables entregados a los organismos electorales indicaban que la organización no recibió contribuciones económicas durante ese periodo.
Sin embargo, las pesquisas realizadas por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María determinaron que aproximadamente S/204,951.36 habrían quedado fuera de los reportes oficiales remitidos a la ONPE.
Hermano implicado
La investigación sostiene que dichos recursos económicos habrían sido canalizados a través de una cuenta bancaria que no figuraba dentro de los registros oficiales de la organización política.
De acuerdo con el expediente fiscal, esta cuenta fue abierta por William Sánchez Palomino, hermano del investigado.
Más de cinco años de prisión
Para el Ministerio Público, la utilización de esta cuenta habría dificultado las labores de supervisión y control que corresponden a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios respecto al origen y destino de los recursos utilizados por la agrupación.
Entre los principales elementos de convicción incorporados al expediente figuran documentos bancarios y registros de operaciones financieras efectuadas entre enero y julio de 2019.
Según la Fiscalía, esta información respaldaría la presunta omisión de reportar ingresos cuya declaración era obligatoria ante las autoridades electorales.
En su requerimiento acusatorio, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para Roberto Sánchez Palomino.
Asimismo, planteó que se le imponga una inhabilitación para ejercer la presidencia de su partido político o desempeñar cargos de representación pública, al considerar que los hechos investigados configurarían el delito de falsedad ideológica en perjuicio del Estado
