El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, enfrenta una denuncia constitucional por dos delitos de corrupción atribuidos a su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
La Fiscalía de la Nación lo acusa de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por hechos imputados a su paso por el gabinete del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a prisión por su fallido intento de golpe de Estado y a quien ha prometido indultar si llega al poder.
Según un informe difundido por OjoPúblico, también estarían involucrados otros personajes, a quienes se les atribuye el presunto delito de tráfico de influencias.
Según la acusación, Sánchez habría facilitado el ingreso de un “recomendado” como Daniel Abarca para el cargo de asesor en el Mincetur, apenas tres días después de la asunción de Castillo. La designación se formalizó el 4 de agosto de 2021, tras reuniones directas con Sánchez, de acuerdo con el expediente.
Como parte del presunto acuerdo, uno de los intermediarios habría recibido la promesa de beneficios, entre ellos la cesión de un departamento en el distrito limeño de San Miguel y la compra de pasajes aéreos. Uno de estos boletos se destinó a Arturo Cárdenas, conocido como “Pinturita”, investigado en el caso Los Dinámicos del Centro.
Las diligencias preliminares comenzaron el 28 de agosto de 2024. Entre septiembre y diciembre, la Fiscalía recogió testimonios de cuatro exfuncionarios del Mincetur, incluido Abarca, así como del propio Sánchez, quien negó conocer al asesor antes de su nombramiento.
El 12 de diciembre, el Ministerio Público incluyó formalmente al candidato como investigado. Ese mismo mes, Abarca admitió que recibió favores y afirmó que una persona llamada “Manuel” gestionó su contratación. La Fiscalía lo identificó como Manuel Gerardo Gonzáles Oblitas, exdirector de Personal del Mincetur y cercano a Sánchez.
La denuncia constitucional fue presentada por Fiscalía de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso el 22 de marzo de 2025.
De acuerdo con OjoPúblico, el caso sigue pendiente porque la subcomisión, controlada por Alianza para el Progreso (APP), aún no programa su revisión. Voceros legislativos indicaron que el expediente pasará al Parlamento entrante.
