La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó por mayoría el informe final que propone acusar al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, e inhabilitarlo por 10 años para ocupar cargos públicos.
La denuncia constitucional, presentada por la congresista Patricia Chirinos, señala que Alvarado infringió el artículo 39 de la Constitución, en perjuicio del Estado.
El parlamentario delegado Víctor Flores Ruiz (FP) recomendó acusarlo por refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021, que dictó medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano.
Este decreto benefició a varios distritos de Cajamarca, incluyendo Anguía, donde residen familiares del expresidente Pedro Castillo.
La Fiscalía sostiene que Alvarado, al refrendar el decreto, facilitó la asignación de recursos a estas localidades, lo que podría constituir una infracción constitucional.
Durante la sesión, la presidenta de la SAC, María Acuña Peralta (APP), destacó la importancia de evaluar cada denuncia con rigurosidad y objetividad.
«Nuestro deber es garantizar que las investigaciones se realicen de manera imparcial, respetando el debido proceso y velando por los intereses del país», afirmó.
El informe final será remitido a la Comisión Permanente del Congreso para su evaluación. Si esta lo aprueba, el Pleno del Congreso debatirá y votará la acusación contra Alvarado.
De ser inhabilitado, el extitular del MVCS no podrá ejercer funciones públicas durante una década.
Imputaciones conta Geiner Alvarado
Geiner Alvarado enfrenta actualmente una orden de prisión preventiva de 36 meses por presunta participación en una organización criminal durante el gobierno de Pedro Castillo.
Las autoridades lo acusan de direccionar obras públicas a favor de empresas vinculadas a la organización en mención.
El Decreto de Urgencia 102-2021, emitido el 29 de octubre de 2021, autorizó la transferencia de fondos para proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano en diversas regiones.
No obstante, informes periodísticos revelaron que el decreto se aprobó pese a observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y sin argumentos técnicos sólidos.
Además, se descubrió que Alvarado trabaja actualmente para una empresa que ganó una obra financiada por el mencionado decreto, lo que produce dudas sobre posibles conflictos de interés.
La aprobación de esta denuncia constitucional refleja el compromiso del Congreso en la lucha contra la corrupción y la defensa de la legalidad en la administración pública.
Se espera que las instancias correspondientes continúen con las investigaciones y, de ser necesario, sancionen a quienes resulten responsables de actos ilícitos.
