El aborto se vuelve una amenaza silenciosa desde la Corte IDH por sus vínculos financieros que ponen en jaque su transparencia.
Redacción adiariocr.com
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha mantenido en la sombra sus actividades durante su actual período de sesiones, generando inquietud en torno a la inminente sentencia sobre el Caso Beatriz vs. El Salvador. Este caso, plagado de irregularidades y financiado por organizaciones vinculadas a la industria del aborto, busca utilizar a la Corte como herramienta para abrir las puertas al aborto libre en América Latina.
El caso gira en torno a Beatriz, una joven salvadoreña en situación de vulnerabilidad, embarazada por segunda vez de su hija, Leilani, diagnosticada con anencefalia. Activistas abortistas, lejos de apoyarla con empatía y soluciones reales, la sometieron a una intensa presión psicológica para que abortara, a pesar de que el procedimiento representaba un grave riesgo para su salud debido a su historial médico reciente. Años después, Beatriz falleció en un accidente de tránsito, pero su caso fue tergiversado y llevado a la Corte IDH bajo argumentos que no se sostienen en la realidad.
Dinero y conflictos de interés
El escándalo va más allá. Grandes sumas de dinero provenientes de países ajenos al sistema interamericano, organizaciones internacionales y corporaciones con intereses en la expansión del aborto han fluido hacia la Corte, la CIDH y las ONGs involucradas en el caso. Millones de dólares fueron destinados al Sistema Interamericano, creando un conflicto de intereses alarmante: los mismos actores que impulsan la denuncia también financian a quienes deben juzgarla. Este esquema amenaza con utilizar a la Corte como un vehículo para imponer una agenda que no respeta ni los marcos legislativos nacionales ni los derechos fundamentales.
Costa Rica y la región bajo amenaza
El impacto de esta sentencia no se limitaría a El Salvador. Costa Rica y otros países de la región podrían verse arrastrados por una interpretación expansiva de los llamados “estándares interamericanos de derechos humanos”. Este mecanismo, utilizado anteriormente para imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica y Ecuador, ahora se perfila como una estrategia para normalizar el aborto bajo el disfraz de “aborto no punible” o “terapéutico”.
En Costa Rica, esta sentencia podría presionar para la implementación de la guía técnica sobre aborto terapéutico, vulnerando la soberanía legislativa y contraviniendo principios fundamentales del derecho nacional e internacional.
El futuro de la Corte y los derechos humanos en juego
La Corte IDH enfrenta una encrucijada: proteger la vida desde la concepción, como establece la Convención Americana, o ceder ante presiones externas que pondrían en peligro su credibilidad y legitimidad. Cualquier fallo que promueva el aborto no solo violaría el derecho a la vida de los más vulnerables, sino que debilitaría la confianza en el sistema interamericano y erosionaría los fundamentos de la seguridad jurídica y la soberanía de los países.
Por ello, instamos a los jueces de la Corte IDH, y en particular a la jueza Nancy Hernández López, a que actúen con transparencia, respeten el Pacto de San José y rechacen cualquier intento de manipulación externa.
Es momento de defender la vida, la soberanía y los derechos fundamentales de nuestros países. Infórmate y únete a la campaña en www.casobeatriz.
